Los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, Ricardo de los Santos y Alfredo Pacheco, mientras enseñaban sus votos ayer en la sesión conjunta para la aprobación de la reforma a la Constitución.
Por Thiago Zorrilla Acosta
Santo Domingo. La Asamblea Nacional concluyó ayer sus trabajos de reforma a la Constitución en una sesión maratoniana que se extendió durante casi cinco horas, culminando con la aprobación de cambios significativos en varios aspectos de la estructura política del país. Sin embargo, el proceso no estuvo exento de tensiones y desacuerdos entre los legisladores.
El único incidente notable surgió de la inclusión de un segundo párrafo en el artículo 274, que otorga facultades al legislador para determinar el modelo de elección de un alcalde en caso de que tanto el alcalde como su vicealcalde queden incapacitados, situación que recientemente se produjo en La Vega. Esta adición fue recibida con serias críticas por parte de algunos opositores.
El primero en manifestar su rechazo fue Gustavo Sánchez, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), quien calificó la medida como “una puñalada trapera”, un sentimiento que fue secundado por otros legisladores, incluido Tobías Crespo de la Fuerza del Pueblo. La controversia escaló cuando el presidente de la Asamblea, Alfredo Pacheco, emitió una dura crítica hacia la oposición por, según él, no haber hecho su tarea y no darse cuenta de que el párrafo había sido aprobado.
Crespo, quien se vio forzado a esperar su turno para responder a las críticas, finalmente cerró el debate con una breve aclaración antes de que se pasara a la votación final. El ambiente en la Asamblea, marcado por una notable tensión, reflejó las divisiones profundas existentes en el Congreso.
Entre los puntos más destacados de la reforma constitucional, se acordó que las elecciones municipales, congresuales y presidenciales seguirán celebrándose de manera separada al menos hasta 2028. Esto se establece en la quinta disposición transitoria, que dispone que “por excepción a lo dispuesto en el artículo 209 de la Constitución, las elecciones del año 2028 para elegir a las autoridades municipales se realizarán el tercer domingo de febrero, y quienes resulten electos tomarán posesión el 24 de abril del mismo año”. Aunque el mencionado artículo busca unificar los procesos electorales, la implementación de esta norma se postergará hasta el certamen electoral del año 2032.
Los asambleístas proyectan que para esa fecha las condiciones tecnológicas mejorarán, permitiendo el uso total o parcial del voto electrónico, como una medida para hacer más ágil y menos complejo el proceso electoral, en línea con las recomendaciones de la Junta Central Electoral.
Además, las modificaciones a la Constitución incluyen límites estrictos a la reelección presidencial, la reducción de veinte curules en la Cámara de Diputados y una reestructuración del Consejo Nacional de la Magistratura. En este último aspecto, se establece que, al inicio de cada mandato, el presidente de la República deberá presentar ante el Consejo la postulación de una persona para el cargo de Procurador General de la República y sus adjuntos, quienes no podrán haber tenido carrera política en los cinco años previos a su designación. Para ser seleccionados, deberán haber ejercido la profesión de abogado durante al menos doce años, o haber ocupado funciones en los juzgados de paz, en la docencia universitaria, o en el Ministerio Público. Sus cargos serán inamovibles por un período mínimo de dos años tras su elección.
La culminación de este proceso de reforma constitucional marca un hito en el ámbito político dominicano, reflejando tanto las aspiraciones de cambio como las profundas divisiones que persisten en el seno de la clase política. La atención se centra ahora en cómo estas modificaciones impactarán el escenario electoral y la gobernabilidad en los años venideros.
