La entidad cívica presentó el octavo seguimiento al caso del exprocurador Jean Alain Rodríguez, intervino en el Senado para impulsar una ley de financiamiento limpio y anunció una investigación que abarcará 15 años de expedientes judicializados. Exigen activar la evaluación de magistrados cuyo período ya venció.
Por Brendalis Reyes
Santo Domingo. – En un abril cargado de acciones estratégicas, Participación Ciudadana (PC) reactivó su agenda de control al poder con tres frentes de alto voltaje: la actualización de un expediente emblemático por corrupción administrativa, su incidencia directa en el Senado para frenar el financiamiento político ilícito, y un renovado embate para que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) someta a evaluación a sus jueces con período vencido.
La organización dio a conocer el octavo informe de seguimiento a casos de corrupción, centrado esta vez en el proceso judicial contra el exprocurador Jean Alain Rodríguez, una de las investigaciones de mayor repercusión en los últimos años. El documento no solo detalla los avances y tropiezos del caso en los tribunales, sino que busca ser una herramienta de escrutinio público sobre la lentitud o el estancamiento de la justicia.
“No se trata de un hecho aislado. Este informe es parte de una serie que busca medir el pulso real de los tribunales frente a la impunidad”, explicó una fuente de la entidad, que evitó hablar a título personal.
En paralelo, representantes de Participación Ciudadana se sentaron con una comisión del Senado que analiza un proyecto de ley para regular el financiamiento político y cerrarle el paso a recursos de procedencia dudosa. La reunión, enmarcada en un debate más amplio sobre transparencia, evidencia la intención del grupo cívico de influir en la letra final de la norma.
Pero el punto más sensible lo puso la Red de Observación de la Institucionalidad (ROI), brazo observador de la organización, al denunciar que varios magistrados de la SCJ llevan tiempo con su período constitucional vencido sin que se active el proceso de evaluación correspondiente. “La falta de convocatoria formal mantiene en suspenso a esos jueces y proyecta incertidumbre sobre la institucionalidad del sistema judicial”, advirtió la entidad.
Como siguiente paso, la organización anunció la apertura de una convocatoria para una consultoría que actualizará el registro de casos de corrupción administrativa ocurridos entre 2010 y 2025. El objetivo final es medir la capacidad real del sistema judicial dominicano para investigar, procesar y sancionar estos delitos en los últimos 15 años.
“No se trata de memoria, sino de diagnóstico”, apuntaron los voceros, al tiempo que reiteraron que sin jueces evaluados y sin leyes que frenen el dinero sucio, cualquier combate a la corrupción se queda en discurso.
