A pesar del discurso presidencial que promete proteger a los más vulnerables, las medidas anunciadas consolidan un modelo donde los ajustes recaen sobre los hombros de las familias trabajadoras, mientras los sectores concentrados de la economía no solo no contribuyen, sino que se perfilan como los grandes beneficiarios de una crisis gestada en los tableros geopolíticos de Estados Unidos e Israel.
Por: JULIO GUZMÁN ACOSTA
Santo Domingo. – Hay momentos en que los discursos oficiales, por más bien hilvanados que estén, terminan revelando aquello que pretenden ocultar. La cadena nacional del presidente Luis Abinader, concebida como un ejercicio de transparencia y liderazgo en medio de la tormenta geopolítica desatada en Irán, dejó entre líneas una verdad incómoda que ningún barniz retórico puede disimular: la factura del conflicto, una vez más, será pagada por los mismos de siempre.
El mandatario habló de sacrificios “no desproporcionados, no indiscriminados, pero sí inevitables”. Reconoció presiones en las tarifas eléctricas, en los costos de transporte y en los precios de los alimentos. Y si bien anunció la reasignación de 10,000 millones de pesos y un subsidio a los fertilizantes, lo cierto es que el grueso del ajuste —el incremento de los combustibles, el encarecimiento de la canasta básica, la contracción del consumo popular— terminará inscribiéndose en la cotidianidad de quienes menos tienen.
No se trata de un fenómeno fortuito. La estructura de la economía dominicana ha sido diseñada para que, en momentos de crisis externa, el costo se socialice y las ganancias se privatizan. Mientras el Estado recorta subsidios que hasta hace pocos meses mantenían estabilizados los precios de los carburantes, los grandes conglomerados empresariales —especialmente los vinculados a la distribución de combustibles, la generación eléctrica y la intermediación financiera— no solo no enfrentan cargas extraordinarias, sino que ven en la volatilidad una oportunidad para ensanchar sus márgenes.
El presidente insistió en que el conflicto en Irán es un choque externo. Y lo es, en apariencia. Pero omite señalar que ese conflicto responde a una escalada bélica promovida por Estados Unidos e Israel en una región clave para los flujos energéticos globales. La guerra no es un fenómeno natural; es una decisión política de potencias que históricamente han utilizado el Medio Oriente como tablero de intereses geoeconómicos. Y en ese tablero, la República Dominicana —país sin petróleo, pero con una dependencia absoluta del crudo importado— paga un precio que sus élites locales se cuidan muy bien de no asumir.
Mientras el ciudadano común verá cómo su salario rinde menos ante cada nuevo aumento en el diésel que mueve el transporte público y los alimentos, los grandes capitales nacionales han encontrado en esta coyuntura un aliado silencioso: la inflación selectiva, los subsidios que se desvanecen y un discurso oficial que normaliza el sacrificio como si fuera una virtud cívica.
El llamado a la “corresponsabilidad” que hizo Abinader suena entonces a una invitación desigual. Porque no es lo mismo pedirle a una familia de escasos recursos que “optimice el uso del combustible” que exigirle a una corporación que absorba parte del impacto sin trasladarlo a los precios finales. El trabajo remoto no es una opción para la trabajadora doméstica, el chofer de concho o el vendedor ambulante. Pero sí lo es para el ejecutivo bancario o el gerente de zona franca.
El presidente habló de “sacrificio compartido”. La realidad mostrará, en las próximas semanas, que el sacrificio será profundamente desigual. Porque las grandes fortunas no se inmutan ante un aumento de 15 pesos en la gasolina; porque los grupos económicos concentrados cuentan con mecanismos de cobertura y traslado de costos que los blindan; porque el sistema tributario dominicano sigue siendo uno de los más regresivos de la región, donde el capital paga menos que el consumo.
Y detrás de todo, la geopolítica. La guerra en Irán no es un accidente. Es el resultado de una política de confrontación diseñada por Estados Unidos e Israel para reconfigurar el mapa energético mundial. La República Dominicana, inserta en la órbita geopolítica de Washington, asume pasivamente las consecuencias de decisiones que no toma, mientras sus gobernantes se limitan a administrar los efectos con discursos de estabilidad que no alteran ni un ápice la estructura de privilegios.
Así, lo que se presenta como una respuesta técnica a un choque externo termina siendo, en los hechos, un mecanismo de transferencia de recursos desde los sectores populares hacia las cúpulas económicas y financieras. Los más vulnerables pagan la guerra en la nevera vacía, en el pasaje más caro, en la luz que sube. Las grandes fortunas, en cambio, esperan tranquilas el próximo dividendo.
El presidente pidió confianza. Pero la confianza, en una sociedad con memoria, no se decreta. Se construye con políticas que demuestren que cuando la crisis golpea, el peso no recae siempre sobre los mismos hombros. Hasta ahora, el discurso ha sido elegante; la distribución de los sacrificios, en cambio, revela una vieja y conocida coreografía.
Mientras el gobierno ajusta, las grandes fortunas acumulan. Y la guerra, lejana en el mapa pero cercana en el bolsillo, sigue siendo el mejor negocio para quienes nunca han sabido lo que es apretarse el cinturón.
