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Un coronel, un capitán y varios alistados: los rangos de los policías acusados de robo en San Cristóbal

El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, confirmó que los agentes suspendidos por la presunta sustracción de dinero durante una investigación fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Mientras el caso avanza en fase secreta, la ministra Faride Raful reconoce que persisten agentes resistentes a la reforma policial.

Por: Arturo F. Guzmán

Santo Domingo, R.D. — La Policía Nacional enfrenta una nueva y delicada situación que pone a prueba los discursos de transformación institucional. Entre los agentes suspendidos por la presunta sustracción de una suma de dinero no determinada —ocurrida durante un proceso investigativo en la provincia San Cristóbal— figuran un coronel, un capitán y varios alistados, cuyas identidades no han sido reveladas oficialmente.

El vocero de la institución, coronel Diego Pesqueira, ofreció la información al término de una misa conmemorativa por el 90 aniversario de la Policía Nacional, celebrada en la sede central de la institución. Flanqueado por los periodistas que cubrían la fuente, Pesqueira confirmó que los uniformados implicados ya fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la jurisdicción de San Cristóbal.

«El Ministerio Público de la jurisdicción de San Cristóbal ya tiene el caso, fue apoderado y oportunamente nosotros estaremos dando mayores detalles», declaró el vocero, antes de agregar una precisión que sonó a advertencia: «No sin antes precisar que las malas actuaciones no son ni serán toleradas en las filas de la Policía Nacional».

Las circunstancias del hecho

Preguntado sobre las condiciones en que se habría producido la sustracción, Pesqueira ofreció una respuesta que, sin entrar en detalles, delineó el contexto: «Ellos estaban investigando un caso y en el proceso de investigación se produjo la situación que ha sido denunciada».

La frase, aparentemente críptica, sugiere que los agentes habrían aprovechado su condición de investigadores para apropiarse de valores durante el procedimiento. El vocero evitó precisar si se trató de dinero ocupado en un allanamiento, soborno recibido o cualquier otra modalidad delictiva, argumentando que las pesquisas se mantienen en fase secreta.

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«Nosotros queremos esperar, señores. Yo sé que ustedes están necesitados de informaciones, pero nosotros debemos precisar contar con las evidencias, con los reportes de los fiscales, para poder adelantar mayores detalles», explicó Pesqueira ante la insistencia de la prensa.

El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira.

La reserva del caso, amparada en los procedimientos judiciales, impide por el momento conocer el monto exacto sustraído, así como la dinámica específica en que se produjeron los hechos. Fuentes extraoficiales vinculadas al caso han sugerido que la investigación interna de la Policía detectó irregularidades que motivaron la suspensión inmediata y el envío de los actuantes a la justicia ordinaria.

La resistencia a la reforma

En el mismo escenario, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, abordó el caso desde una perspectiva institucional más amplia. Reconoció que, pese a los avances en los procesos de reforma y transformación que atraviesa la uniformada, aún persisten agentes que se resisten a adaptarse a los cambios.

«Ustedes no sé si escucharon las palabras del director de la Policía, así como la homilía del padre, donde habla precisamente de los avances que se han tenido en las competencias, que es bregar con estos temas cuando hay seres humanos que pertenecen a instituciones y no están necesariamente apegados a estas transformaciones en cambio», reflexionó la funcionaria.

Raful vinculó la actuación de los agentes suspendidos con la necesidad de profundizar los mecanismos de control interno. «Por eso nosotros seguimos insistiendo: nuevos protocolos en monitoreo, en evaluación, en transparencia, y por eso se han suspendido esos agentes y se han puesto a la disposición del Ministerio Público, porque según la investigación de la Policía se encontraron indicios de responsabilidad», puntualizó.

Un aniversario con sombras

La conmemoración del 90 aniversario de la fundación de la Policía Nacional, ocurrida el 2 de marzo de 1936 durante la era de Trujillo, sirvió de telón de fondo para estas declaraciones. La misa, oficiada en la sede institucional, congregó a altos mandos policiales y funcionarios gubernamentales en un ambiente que combinaba la celebración de las efemérides con la gravedad de los recientes acontecimientos.

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El contraste no pasó inadvertido para los observadores. Mientras el capellán policial y las autoridades hablaban de avances y logros, el caso de San Cristóbal emergía como recordatorio de que la transformación institucional no es un proceso lineal ni exento de retrocesos.

La presencia de altos oficiales en la ceremonia, muchos de ellos con décadas de servicio, contrastaba con la imagen de los agentes suspendidos —entre ellos un coronel y un capitán— que ahora enfrentan la justicia ordinaria por hechos que, de confirmarse, constituirían una traición a la confianza depositada en ellos.

Lo que viene

El caso ha sido apoderado por el Ministerio Público de San Cristóbal, que deberá determinar no solo la responsabilidad individual de los implicados, sino también si existió una estructura organizada que facilitara la comisión del hecho. La fase secreta de la investigación impide por ahora conocer los detalles, pero fuentes cercanas al proceso aseguran que las pesquisas avanzan con celeridad.

Mientras tanto, la opinión pública sigue con atención el desarrollo de un caso que, más allá de sus implicaciones penales, plantea preguntas incómodas sobre el estado real de la reforma policial. ¿Son estos hechos la excepción que confirma la regla de una institución que avanza hacia la transparencia, o constituyen la evidencia de que los vicios del pasado persisten enquistados en sus estructuras?

La respuesta, como suele ocurrir en estos casos, deberá esperar el curso de la investigación y, sobre todo, la solidez de las evidencias que el Ministerio Público logre acumular. Por lo pronto, un coronel, un capitán y varios alistados esperan el devenir de la justicia, mientras sus nombres permanecen en reserva y sus casos, en secreto.

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