A más de dos años de la tragedia en el antiguo mercado, familiares de los fallecidos y sobrevivientes se manifestaron frente a la sede del Ministerio Público para exigir respuestas y el esclarecimiento de las circunstancias que rodearon el siniestro.
POR SERVICIOS UMBRAL.COM.DO
SANTO DOMINGO. — El dolor crudo, sin vendajes ni atenuantes, se tomó este viernes las inmediaciones de la Procuraduría General de la República. Eran las voces de quienes aún buscan justicia entre los escombros de una herida que no cierra: la de la devastadora explosión ocurrida el 14 de agosto de 2023 en el antiguo mercado de San Cristóbal.
Convocados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD), decenas de familiares de los fallecidos y sobrevivientes de la tragedia se congregaron portando pancartas y fotografías de sus seres queridos, muchas de ellas marcadas con la palabra «desaparecido», como un recordatorio lacerante de que para muchos el duelo ni siquiera ha podido comenzar.
Al ritmo de consignas que coreaban «¡Justicia y verdad!», los manifestantes demandaron a las autoridades que se establezcan las responsabilidades penales del caso y que se publique sin más demoras el informe completo sobre lo sucedido.
Manuel María Mercedes, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, encabezó la protesta y reiteró la denuncia de que el suceso no habría sido un accidente fortuito. «Sostenemos que esto no fue algo repentino. Hay testimonios de que minutos antes un camión de bomberos transitaba por la zona y, de manera sospechosa, el área fue limpiada con rapidez, lo que podría haber borrado evidencias cruciales para la investigación», declaró el activista, mientras señalaba los titulares de la prensa nacional que los manifestantes exhibían como respaldo a sus reclamos.
Entre la multitud, las historias personales emergían con la fuerza de un testimonio imborrable. Rafael Santiago, un sobreviviente que aún carga las secuelas físicas y emocionales de aquel día, se apoyaba en un bastón para sostenerse. Sus brazos, cubiertos de profundas cicatrices, narraban su calvario mejor que cualquier palabra.
«Yo era un hombre normal. Después de esa explosión mi vida no ha sido la misma. Tuve que arrastrarme entre las llamas para poder salir. Ahora sufro de la azúcar, de la vista, de la presión, de las piernas que no puedo todavía caminar bien. Fui operado de la cabeza y no puedo caminar sin ayuda del bastón», expresó Santiago con la voz entrecortada, reflejando la desesperación de quien lucha cada día sin los recursos suficientes para costear sus medicamentos.
A su lado, Julio Dipré sostenía con manos temblorosas las fotografías de dos de sus familiares, víctimas fatales de la explosión. Con la voz quebrada por la impotencia, relató el horror que vivieron su hija y su esposo, quienes solo habían acudido al establecimiento a realizar unas compras.
«A casi tres años de esa fatídica explosión, todavía no se ha dicho qué sucedió ahí. ¿Qué fue lo que pasó? Han guardado el informe y no nos lo han dado a conocer. Ahí dicen que explotaron unos plásticos, que explotó un tanque de gas; pero quienes vivimos esto sabemos que ahí no sucedió nada de eso», exclamó con evidente dolor, mientras las lágrimas se confundían con la firmeza de su reclamo.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en un nuevo pronunciamiento dirigido a la Procuraduría, insistió en la necesidad de una investigación exhaustiva, independiente y transparente. La entidad advirtió que, a más de dos años del siniestro, los deudos continúan denunciando retrasos procesales y una ausencia total de responsables señalados, mientras cargan con el peso de las pérdidas, las dificultades económicas y el trauma de una noche que el país no olvida.
