En el marco del 45 aniversario del Infotep, la procuradora Yeni Berenice Reynoso redefine la corrupción como una violación a los Derechos Humanos y enfatiza que la eficiencia en el servicio público no es una aspiración, sino un deber inexcusable.
Por Julios Guzmán Acosta
SANTO DOMINGO.— Con palabras que resonaron como un fallo judicial, la procuradora general de la República, magistrada Yeni Berenice Reynoso, afirmó que “la corrupción es una grave violación a los Derechos Humanos, no solo es un delito”. La declaración, pronunciada durante la conferencia “Mejoras en el Código Penal de la República Dominicana”, celebrada en el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep), estableció un nuevo y severo marco conceptual para entender las consecuencias sociales de la deshonestidad en la función pública.
Ante un auditorio compuesto por servidores públicos, Reynoso desarrolló un discurso que entretejió principios éticos con precisiones jurídicas, subrayando que “la ineficiencia es muy costosa para el desarrollo”. Con la contundencia que caracteriza a quien ejerce la acusación pública, añadió: “La eficiencia no debe ser una meta aspiracional; la eficiencia es un atributo que debe tener todo servidor público”.
La magistrada desglosó las innovaciones de la Ley 74-25, que instituye el nuevo Código Penal —y que sustituye al anterior, vigente desde 1884—, el cual fue promulgado el 3 de agosto de 2025 y entrará en vigor en agosto de 2026. Hizo un llamado urgente a las entidades públicas, al sector empresarial y a la ciudadanía para que, durante este período de transición, se familiaricen con las nuevas disposiciones y adapten sus protocolos al reciente marco legal.
Entre los aspectos más destacados, Reynoso señaló que el código eleva la pena máxima para delitos graves hasta 40 años de prisión y permite la acumulación de condenas hasta 60 años en casos de múltiples infracciones de extrema gravedad. Asimismo, explicó que el texto incorpora figuras delictivas inéditas, sanciones proporcionales a la magnitud de los hechos y mecanismos reforzados de protección para las víctimas.
Uno de los avances más significativos que resaltó fue el reconocimiento explícito de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, lo que permitirá sancionar a empresas que cometan delitos desde su estructura o se beneficien de actos ilícitos, con medidas que van desde multas sustanciales hasta la clausura temporal o definitiva, o la inhabilitación para contratar con el Estado.
En su intervención, la procuradora recordó que el código anterior presentaba limitaciones insalvables para enfrentar los delitos complejos del siglo XXI, mientras que el nuevo instrumento legal incorpora figuras acordes con los desafíos actuales.
Al cierre del acto, el director general del Infotep, Rafael Santos Badía, expresó la disposición de la institución para colaborar con los órganos del Estado y el sistema de justicia en la realización de talleres, seminarios y jornadas de difusión que faciliten la comprensión y aplicación del nuevo Código Penal entre servidores públicos, estudiantes y la ciudadanía en general.
