El Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva para once agentes, incluidos oficiales de alto rango, acusados de homicidio voluntario y asociación de malhechores en la muerte de cinco hombres en La Barranquita, en un caso que revela protocolos quebrados y una obstrucción sistemática a la investigación.
Por Virtudes Álvarez Sampedro
SANTO DOMINGO.- La justicia dominicana se enfrenta a uno de aquellos casos que resquebrajan los cimientos de la confianza ciudadana en sus instituciones. Once agentes policiales, entre ellos dos mayores, un capitán y un teniente, yacerán ante el tribunal de la Jurisdicción de Atención Permanente del Juzgado de la Instrucción de Santiago, respondiendo por la presunta ejecución de cinco hombres en una plaza comercial de La Barranquita la tarde del 10 de septiembre. El Ministerio Público, en una medida que busca evitar la impunidad, ha solicitado 18 meses de prisión preventiva para los imputados, a quienes acusa de los delitos de asociación de malhechores y homicidio voluntario.
La fría enumeración de los cargos no logra ocultar la gravedad de los hechos descritos en la medida de coerción. Según la fiscalía, los agentes —cuyos nombres y rangos recorren desde el mayor Álvaro Paredes Paniagua hasta el raso José Octavio Jiménez Peña— llegaron al lugar en tres vehículos particulares, un modus operandi que de por sí ha levantado suspicacias. “Los imputados pusieron en marcha los vehículos y se ubicaron frente a la entrada de la plaza y rápidamente salieron de los referidos vehículos y sin mediar palabras dispararon contra las víctimas”, relata el documento, citando el testimonio de un testigo cuya presencia resultó crucial.
La escena, capturada en un video que los propios agentes intentaron suprimir al sustraer el teléfono móvil del testigo, se convirtió en el núcleo de una investigación que de inmediato topó con la obstrucción sistemática. Los fiscales, encabezados por el procurador adjunto Wilson Camacho, detallan cómo los acusados sustrajeron los DVR de los negocios aledaños y “varios teléfonos pertenecientes a distintas personas presentes en el lugar, con el interés de destruir evidencias del proceso, así como para entorpecer y obstruir la investigación”. Esta conducta, lejos de ser aislada, fue la que llevó a la procuradora general Yeni Berenice Reynoso a instruir una pesquisa exhaustiva.
Los cinco hombres cuyas vidas se truncaron en medio de los disparos —Elvis Antonio Martínez Rodríguez (Deivito, 26 años), Julio Alberto Gómez (La Tabla, 28), Carlos Enrique Guzmán Navarro (El Charly, 40), Edward Bernardo Peña Rodríguez (35) y José Vladimir Valerio Estévez (25)— se convirtieron en el centro de un caso que trasciende el hecho delictivo individual. La fiscalía ha calificado los hechos como una violación a los artículos 265, 266, 295 y 304 del Código Penal Dominicano, y ha solicitado que el proceso sea declarado de tramitación compleja, dada la naturaleza de los cargos y la jerarquía de los implicados.
Mientras la audiencia para conocer la solicitud de coerción se celebra en Santiago, el caso de La Barranquita se erige como una prueba de fuego para el sistema judicial y para la propia Policía Nacional, institución que ve cómo once de sus miembros son acusados de haber quebrantado no solo la ley, sino el juramento de proteger a la ciudadanía.
