Contradicciones legales frenan más de 70 proyectos clave y ponen en riesgo inversiones millonarias
Por Brendalis Reyes
Santo Domingo.– El sector inmobiliario y turístico de la República Dominicana enfrenta una alarmante paralización debido a la inseguridad jurídica generada por interpretaciones contradictorias de la Ley 368-22 sobre Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos. Empresarios y representantes del ámbito empresarial advierten que esta situación mantiene en el limbo más de 70 proyectos estratégicos en destinos como Punta Cana, Miches, Samaná y la región sur del país, poniendo en jaque la estabilidad económica y el futuro de inversiones nacionales y extranjeras.
La controversia gira en torno al artículo 24 de la ley, que otorga facultades a los distritos municipales con más de 15,000 habitantes para la planificación y gestión del uso del suelo. No obstante, decisiones del Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo y otros organismos del Gobierno han desconocido estas atribuciones, provocando una paralización en la tramitación de permisos que deben ser gestionados en las juntas municipales correspondientes.
“Estamos al borde de un quiebre institucional. No se puede hablar de atraer inversiones mientras el propio Estado genera trabas legales que violan el principio de seguridad jurídica”, declaró un prominente desarrollador turístico que prefirió mantener el anonimato.
La Asociación de Empresas Inmobiliarias del Este advirtió que esta incertidumbre legal amenaza con pérdidas millonarias, despidos masivos y una desaceleración significativa en el crecimiento económico de zonas que dependen casi exclusivamente del turismo y el desarrollo urbano.
Frente a este escenario, el empresariado hace un llamado urgente al presidente Luis Abinader para que intervenga y garantice el respeto a la ley, promoviendo la coordinación institucional necesaria para reactivar los proyectos detenidos.
“La seguridad jurídica es la columna vertebral del desarrollo económico. Sin ella, ningún inversionista serio arriesgará un solo centavo en el país”, concluyó el empresario.
La resolución de esta crisis legal será determinante para el futuro de uno de los sectores más dinámicos y prometedores de la economía dominicana.
