El gobierno dominicano no puede, bajo ninguna circunstancia, permitir la explotación minera en San Juan de la Maguana y la Cordillera Central. No se trata de un capricho ambientalista ni de una resistencia irracional al desarrollo. Se trata de defender la vida, el agua y el territorio de una provincia que ya ha visto cómo otras regiones pagaron el precio más alto por la codicia extranjera.
La empresa canadiense que hoy presiona para abrir sus excavaciones asegura que su proyecto es moderno, responsable y generador de empleos. Pero los datos los desmienten. Un rápido vistazo a los informes hidrogeológicos revela que la Cordillera Central es la principal fábrica de agua del país: de sus entrañas nacen los ríos que irrigan el sur y el oeste. Permitir la minería a cielo abierto allí es condenar a San Juan a la aridez, a la intoxicación de sus acuíferos con metales pesados y a la destrucción de sus medios de vida tradicionales: la agricultura y la ganadería.
Pero no necesitamos teorías. Basta mirar Bonao y Cotuí. En Bonao, la minera Falconbridge dejó un legado de ríos contaminados con níquel y cromo, y comunidades que aún hoy sufren enfermedades renales y cutáneas. En Cotuí, la mina Pueblo Viejo (Barrick Gold) ha generado un pasivo ambiental gigantesco, con el uso de cianuro y la generación de drenajes ácidos que tardarán siglos en mitigarse. ¿Eso es desarrollo? ¿Eso es progreso? Lo único que esas explotaciones trajeron fue empleos temporales, regalías mal invertidas y un daño ecológico irreversible. ¿Por qué San Juan habría de repetir esa pesadilla?
Ya escuchamos las primeras voces de algunos “periodistas” pagados, que salen a defender a la transnacional con argumentos prefabricados. Que si la tecnología es otra, que si ahora hay controles. Mentiras. La misma cantinela la escucharon los bonaenses y los cotuiseños décadas atrás. Esos comunicadores no lograrán detener la lucha; muy por el contrario, su servilismo despertará la conciencia nacional.
San Juan no está sola. Lo que sucede hoy en esta provincia es un termómetro de lo que el pueblo dominicano está dispuesto a tolerar. Cada río que se salve aquí es un río que se salva para todo el país. Por eso, el oportunismo de unos cuantos plumíferos al servicio del capital canadiense no hará más que unir al país en apoyo a los sanjuaneros. De Santiago a Santo Domingo, de Barahona a Samaná, la ciudadanía entiende que el agua no se negocia.
El gobierno tiene una oportunidad histórica: decir no a la minería depredadora y apostar por un modelo sostenible en San Juan, basado en el ecoturismo, la producción agroecológica y la protección de nuestras cuencas. Si el gobierno cede, será cómplice de un nuevo desastre. Si se mantiene firme, estará del lado de la ciencia, de la historia y de la vida.
Que quede claro: la lucha contra la explotación minera en la Cordillera Central no se detendrá. Hoy es San Juan, mañana podría ser cualquiera. Y ningún cheque de una transcanadiense podrá callar la voz de un pueblo que ha decidido defender su futuro.
