Funcionarios apuntan a fiscales como responsables del colapso carcelario y destacan avances en nuevo complejo
Por Thiago Zorrilla Acosta
El esperado traslado de reclusos hacia el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras podría iniciarse finalmente dentro de 60 días, según confirmaron autoridades penitenciarias. Aunque la obra no se entregará en la fecha inicialmente prevista a mediados de 2025, se espera que en agosto comiencen a operar dos de los cinco cuadrantes que componen el complejo.
Roberto Santana, director de la Oficina Nacional de Apoyo a la Reforma Penitenciaria (Onapre), explicó que los sectores que entrarán en funcionamiento son el área administrativa y dos cuadrantes de alojamiento, con capacidad para albergar a 2,400 privados de libertad procedentes principalmente de la cárcel de La Victoria. El traslado completo, que permitirá recibir hasta 8,000 reclusos, se completaría en 2026.
Santana destacó que varios privados de libertad que cumplen medidas en modalidad de medio libre ya colaboran en la preparación del complejo, realizando labores de jardinería y acondicionamiento de las áreas productivas, que incluyen aulas, granjas de conejos y gallinas, huertos y apicultura. “Hay medio millón de metros de lago donde también se criarán peces”, detalló.
Sin embargo, más allá del avance en infraestructura, el funcionario advirtió que la solución a la crisis penitenciaria no depende únicamente de la construcción de nuevos recintos. En su opinión, la sobrepoblación que afecta a los centros carcelarios —que supera los 25 mil internos en un sistema diseñado para 15 mil— es responsabilidad directa de los fiscales y el Ministerio Público, que abusa de la prisión preventiva y no aplican medidas alternativas.
“El sistema penitenciario está colapsado y hay diez mil que duermen en el suelo”, enfatizó Santana, al tiempo que criticó la falta de acuerdos entre los actores judiciales para adoptar otras medidas coercitivas.
Por su parte, el defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, coincidió en la necesidad de mejorar la gestión y abogó por la creación de un Ministerio de Justicia que administre el sistema penitenciario. “Siempre y cuando se elijan bien las personas, se capaciten y se introduzca tecnología, el tema de las cárceles mejorará. No podemos seguir pensando que el problema es sólo el bloqueo de teléfonos, si la corrupción está en quienes administran el sistema”, advirtió.
Con el traslado a Las Parras como una luz al final del túnel, el desafío sigue siendo resolver las profundas causas que mantienen al sistema penitenciario en crisis, entre ellas la administración judicial y la gestión transparente y eficiente de las cárceles.
