El desplome de postes eléctricos en el emblemático puente Francisco del Rosario Sánchez reaviva la polémica sobre la negligencia en el mantenimiento de la infraestructura pública y la responsabilidad gubernamental ante las reiteradas advertencias ignoradas, mientras expertos y ciudadanos exigen respuestas claras y soluciones urgentes
Por César Dalmasi Guzmán
Santo Domingo – La reciente caída de postes eléctricos en el Puente Francisco del Rosario Sánchez, popularmente conocido como el “Puente de la 17”, ha encendido un intenso debate público que va más allá de un simple accidente, poniendo en tela de juicio la gestión y el compromiso del gobierno dominicano en materia de infraestructura y seguridad ciudadana.
Roberto Rosario Márquez, abogado y ex presidente de la Junta Central Electoral, no dudó en lanzar una crítica directa y contundente contra la administración del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y el presidente Luis Abinader. En su cuenta de la red social X, Rosario expresó sin rodeos: “Cinco años después no hay excusa”, señalando un abandono sistemático en el mantenimiento de una estructura vital para la capital y sus habitantes.
La acusación de Rosario no quedó sin respuesta. Elvis Medina, usuario activo en el debate digital, replicó con un tono irónico y desafiante, cuestionando si acaso el estado del puente se resolvería con simples retoques estéticos y advirtiendo contra la politización del asunto. “¿Entonces si hubieran estado pintados, no sucede eso Magistrado? Todo no debe ser cháchara política, deje eso a los gallos locos y papagayos, usted es más que eso”, escribió Medina, tratando de minimizar la gravedad del reclamo.
Lejos de ceder ante la crítica, Rosario Márquez reafirmó la importancia del tema y la gravedad de la negligencia, haciendo un llamado a la reflexión más allá de la política: “¿Los postes del tendido eléctrico estaban para dar servicio en nuestra residencia o para iluminar a los ciudadanos, ya fuera que transiten en vehículos?”, cuestionó con vehemencia, subrayando que la infraestructura pública es un bien común que debe garantizar seguridad y funcionalidad.
Este episodio ha reavivado la preocupación ciudadana sobre el estado de las obras públicas y la responsabilidad del Estado frente a las advertencias previas sobre el deterioro del puente, reportadas desde el año pasado y aparentemente ignoradas. En redes sociales y espacios públicos, crece el clamor por respuestas oficiales claras y acciones inmediatas que eviten tragedias mayores.
La caída de los postes no solo evidencia un problema técnico, sino que simboliza la fragilidad de la infraestructura nacional y la urgente necesidad de un compromiso real y sostenible con el mantenimiento y la renovación de las vías que sostienen la vida urbana, especialmente en un país donde la seguridad vial y la protección ciudadana son demandas apremiantes.
En este contexto, la controversia en torno al Puente de la 17 se convierte en un llamado a la reflexión para las autoridades y la sociedad dominicana, que no puede permitirse más excusas ni demoras cuando de preservar vidas y garantizar servicios básicos se trata. Cinco años después, la pregunta persiste: ¿hasta cuándo seguirá el abandono?
