Una coalición sin precedentes de más de un centenar de organizaciones sociales, políticas y gremiales convergió ayer frente al Palacio Nacional, entregando un ultimátum al presidente Luis Abinader: escuchar el reclamo por el agua y la vida, o enfrentar una escalada de movilizaciones.
Por Servicios Umbral.com.do
SANTO DOMINGO.— Con la contundencia de un río que crece, una multitudinaria marcha teñida de consignas y banderas de lucha recorrió ayer las principales avenidas de la capital para plantar frente a los muros del Palacio Nacional un reclamo unánime: la defensa irrestricta del agua y los derechos fundamentales frente a un gobierno que, a juicio de los manifestantes, ha privilegiado los intereses de multinacionales por encima del bienestar popular. La protesta, calificada por sus organizadores como un éxito rotundo, amalgamó a un arcoíris de sectores que prometieron volver a las calles con mayor fuerza si sus demandas no son atendidas.
Bajo un sol inclemente, la voz de líderes sociales, ambientales y políticos se alzó para denunciar lo que denominan una “entrega sistemática” del patrimonio nacional. La presencia de figuras como María Teresa Cabrera, lideresa del Frente Amplio, y Jose Horacio exdiputado y presidente de Opción Demócrata, Manuel Salazar, secretario general del (PCT), junto a representantes de la Unión Clasista de Trabajadores (UCT), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Frente Amplio de Luchas Populares (FALPO), evidenció la amplitud y el peso político de la coalición.
Un Ultimátum Ciudadano
El mensaje dirigido al presidente Luis Abinader y a su partido, el PRM, fue claro y sin ambages. Los oradores acusaron a la administración de sordez voluntaria ante el clamor popular y de haber allanado el camino para que corporaciones internacionales ejerzan un “extractivismo depredador” en proyectos mineros y energéticos a lo largo del país. “El gobierno se ha entregado a las grandes multinacionales y desoye los reclamos populares”, fue la sentencia que resonó una y otra vez, encapsulando el sentir general.
La proclama no fue solo un ejercicio de denuncia, sino también una advertencia. Desde la tarima improvisada frente al centro del poder político, los voceros fueron categóricos: si el gobierno persiste en ignorar sus exigencias –entre las que destacan la protección absoluta de las cuencas hidrográficas y el cese de las concesiones que atentan contra el medio ambiente–, las calles volverán a ser el escenario de su indignación. “Volveremos una y otra vez hasta que nos escuchen”, afirmó uno de los portavoces, ante la ovación de la concurrencia.
La Unidad como Bandera
Lo que distinguió a esta movilización fue la inusual unidad en la diversidad. La marcha no solo aglutinó a los tradicionales movimientos ambientalistas, sino que logró concitar el apoyo de organizaciones culturales, deportivas y de base comunitaria, pintando un panorama de un descontento transversal. Esta convergencia señaló que la defensa de los recursos naturales ha dejado de ser una bandera sectorial para convertirse en un eje articulador del malestar ciudadano frente a las políticas oficiales.
Con la conclusión de la marcha, la pelota queda ahora en la cancha del Ejecutivo. La advertencia de nuevas y mayores movilizaciones cuelga como una espada de Damocles sobre el Palacio Nacional, en un pulso que parece lejos de concluir y que redefine los términos del diálogo –o la falta de él– entre el gobierno y una sociedad civil cada vez más organizada y determinada.
