La iniciativa presidencial plantea disminuir un 25% el gasto electoral, reducir el Senado de 128 a 96 escaños y prohibir el uso de inteligencia artificial no regulada en campañas. «Quien quiera mantener el privilegio de las listas, la gente los va a señalar», advirtió la mandataria.
Por Ángel F. Guzmán
Ciudad de México. Claudia Sheinbaum movió las piezas del tablero político mexicano con una jugada que promete redefinir las reglas de la contienda democrática. La presidenta de México enviará hoy al Congreso una iniciativa de reforma electoral que, entre sus ejes fundamentales, persigue un objetivo tan anunciado como escurridizo en la historia reciente del país: abaratar el costo de la democracia sin desvirtuar su esencia.
Presentada durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la propuesta presidencial no solo afila el lápiz sobre los presupuestos del Instituto Nacional Electoral (INE) y los partidos, sino que rediseña la arquitectura del Poder Legislativo con una cirugía mayor. La Cámara de Diputados mantendría sus 500 integrantes, todos electos por voto directo, pero la fórmula para llegar a San Lázaro se reconfigura: 300 por mayoría relativa y 200 bajo un sistema mixto que rescata a los perdedores con mejores resultados y reserva espacios para la diáspora mexicana.
El Senado, sin embargo, sufre la poda más significativa. La cámara alta pasaría de 128 a 96 escaños, distribuyéndose 64 por mayoría relativa y 32 por primera minoría. Una reducción que, de aprobarse, modificaría sustancialmente los equilibrios de la representación territorial.
Pero el corazón de la iniciativa late en sus números financieros. Sheinbaum propone un recorte del 25 por ciento en el costo de las elecciones, que en 2024 alcanzaron la cifra récord de 61 mil millones de pesos (unos tres mil 500 millones de dólares). La tijera gubernamental apunta directamente a los recursos del INE, los Organismos Públicos Locales Electorales, los tribunales electorales y las propias formaciones políticas.
Para garantizar que el dinero no siga siendo el fantasma que ronda las campañas, la reforma otorga al INE acceso oportuno a las operaciones financieras de partidos y candidatos, al tiempo que prohíbe de manera tajante las aportaciones en efectivo. El mensaje es claro: cada peso deberá llevar nombre y apellido.
En un guiño a los nuevos tiempos, la iniciativa también pone cerco a las amenazas digitales. Se regula el uso de inteligencia artificial en propaganda política y se prohíben expresamente los bots y otros mecanismos artificiales diseñados para manipular el debate en redes sociales. Las emisoras de radio, por su parte, verían reducido su tiempo obligatorio de transmisión electoral de 48 a 35 minutos diarios.
La democracia participativa, esa asignatura pendiente que suele limitarse al ámbito federal, recibiría un impulso descentralizador. El proyecto prevé que figuras como el referéndum, el plebiscito, la consulta popular y la revocación de mandato puedan instrumentarse también en estados y municipios, abriendo la puerta al voto electrónico como herramienta de participación ciudadana.
Detrás de la iniciativa hay un trabajo de orfebrería política que no nació en el hermetismo. Pablo Gómez, presidente ejecutivo de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, reveló que el texto es fruto de decenas de audiencias públicas, mil 357 propuestas ciudadanas y el criterio de 181 expertos. Una coreografía de voces que busca legitimar lo que viene.
El espíritu de la reforma, según explicó Gómez, pretende transitar hacia un modelo donde «la pluralidad política sea una expresión directa de la voluntad del pueblo y no resultado exclusivo de acuerdos internos partidistas». Dicho de otro modo: restar peso a las cúpulas y devolverlo a las urnas.
Sheinbaum, fiel a su estilo directo, no dejó espacio para las medias tintas durante el anuncio. «Nosotros la vamos a enviar, es un compromiso de la Presidenta con el pueblo. Quien la quiera apoyar bien, quien quiera mantener el privilegio de las listas pues también la gente los va a señalar, cualquiera que sea el partido político», sentenció con la mirada fija en el hemiciclo.
Ahora la pelota está en la cancha del Congreso. Los legisladores tendrán la palabra para decidir si acompañan esta cirugía institucional o si, como advierte la mandataria, prefieren defender los viejos privilegios ante la mirada escrutadora de una ciudadanía que, en cada elección, paga la factura.
