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Salud Mental en Crisis: El país solo tiene 220 psiquiatras para 11 millones

Proyecto de ley busca reformar sistema de atención ante déficit crítico de especialistas y falta de cobertura de las ARS.

Por Virtudes Álvarez Sampedro 

SANTO DOMINGO. – La Comisión Especial del Senado avanzó este jueves en el análisis de la modificación a la Ley 12-06 de Salud Mental, una iniciativa de la senadora Aracelis Villanueva que busca enfrentar la alarmante carencia de recursos humanos y técnicos en el sistema nacional. El presidente de la comisión, Moisés Ayala, reveló que la República Dominicana cuenta con apenas 220 psiquiatras —la mayoría concentrados en Santo Domingo y Santiago— para una población de más de 11 millones de habitantes, dejando vastas regiones del interior sin acceso a diagnósticos o tratamientos especializados.

Un sistema fracturado 
Ayala criticó con dureza la falta de cobertura de las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) para servicios psiquiátricos, lo que excluye a miles de pacientes por los altos costos. “No hay acceso real a la salud mental en este país si no garantizamos financiamiento y distribución territorial”, afirmó el legislador durante la reunión celebrada en el Salón Pedro Francisco Bono del Senado.

Propuestas con visión de Estado 

El Ministerio de Salud Pública, representado por los juristas Jesús Hernández y Cristal Fernández, presentó una reforma integral que incluye la creación de unidades de crisis en hospitales provinciales, incremento de plazas médicas y mecanismos de financiamiento sostenible. El proyecto también exige que cada provincia cuente con un Centro de Atención Mental, aunque se admitió que aún no existen datos oficiales sobre la prevalencia de los trastornos mentales en la población.

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Consenso multisectorial

La futura ley será construida con el MSPAS, el SNS, el CMD y actores de la sociedad civil, con el objetivo de dotar al país de un marco jurídico robusto y humanizado. Los senadores Omar Fernández, Ginnette Bournigal, Odalis Rodríguez, Eduard Espiritusanto y Daniel Rivera respaldaron la urgencia de una normativa que priorice la salud mental como política de Estado.

Mientras el debate legislativo avanza, una pregunta flota en el hemiciclo: ¿cómo curar a un sistema que en si mismo padece abandono crónico?

 

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