El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, habló este martes en el Congreso sobre el TPS para los venezolanos. UMBRAL.COM.DO
Por Julio Guzmán Acosta
Washington, D.C. – En medio del debate sobre el futuro migratorio de miles de venezolanos en Estados Unidos, el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó este miércoles que quienes pierdan el Estatus de Protección Temporal (TPS) tras la reciente decisión del Tribunal Supremo podrán solicitar asilo en el país norteamericano.
La máxima instancia judicial estadounidense avaló el plan del presidente Donald Trump para revocar el TPS de aproximadamente 350,000 venezolanos, quienes, en consecuencia, podrían ser sujetos a deportación. Ante esta realidad, Rubio aseguró durante una audiencia en la Cámara de Representantes que “muchas, si no la mayoría”, de las solicitudes de asilo que presenten estos migrantes serán “muy creíbles”.
Rubio, conocido por su postura crítica hacia el régimen de Nicolás Maduro y por su defensa previa del TPS, no dejó de señalar que la administración anterior, bajo Joe Biden, otorgó este amparo de manera demasiado generalizada y sin examinar con rigor los antecedentes de los beneficiarios. Esta declaración subraya la línea dura del gobierno Trump respecto a la política migratoria venezolana, que busca limitar la permanencia de extranjeros amparados por el TPS y promover procesos de asilo individualizados.
La decisión ha generado polémica y rechazo entre demócratas y defensores de los derechos migratorios, quienes advierten sobre el impacto humanitario que podría tener la finalización del TPS para la comunidad venezolana en Estados Unidos. Sin embargo, el mensaje de Rubio se erige como una invitación formal a que los afectados recurran a las vías legales de protección, en un contexto donde la política migratoria estadounidense se reconfigura bajo la administración conservadora.
El futuro de estos miles de venezolanos pende ahora de la capacidad del sistema de inmigración para procesar un aumento en las solicitudes de asilo, un proceso complejo y con altos estándares de prueba, que determinará si podrán permanecer en el país bajo nuevas condiciones legales.
Con esta postura, Rubio reafirma su compromiso con una política migratoria estricta pero con mecanismos legales que buscan distinguir entre migrantes según su situación particular, en un escenario de creciente tensión política y social.