Tras críticas de inversionistas y bancos, la Cámara Baja modifica el proyecto para agilizar desalojos y preservar la autonomía contractual. La aprobación final se espera después del 16 de agosto.
Por Alejandro Feliz G.
Los diputados introducirán cambios sustanciales al proyecto de ley de alquileres tras recibir fuertes críticas de sectores inmobiliarios, financieros y jurídicos. La iniciativa, aprobada en primera lectura hace un mes, fue remitida a una comisión especial que, según el diputado Amado Díaz, incorporó más del 90% de las observaciones recogidas en consultas públicas.
Entre las modificaciones destacan la eliminación de sanciones directas a propietarios —quedando estas bajo la ley de fuerza pública— y la introducción de un «pronto despacho» para desalojos por mora, con plazos entre 45 y 60 días. «La vivienda tiene un componente social, pero no puede recaer solo en particulares que invierten en ella», argumentó Díaz.
El texto también distingue entre viviendas y locales comerciales: mientras los primeros tendrán procesos expeditos, los segundos —por el monto de las inversiones— se remitirán a tribunales ordinarios. Además, se mantiene la libertad para elegir el banco donde depositar las garantías, aunque sin obligar a las entidades financieras a asumir nuevas cargas administrativas.
El diputado enfatizó que el contrato de alquiler conservará su carácter privado, con intervención estatal solo en conflictos. No obstante, admitió que la aprobación definitiva probablemente ocurrirá en la próxima legislatura, a partir del 16 de agosto. «El objetivo es equilibrar derechos sin ahogar la inversión», concluyó.
