GOBIERNO
Por Alejandro F. Guzmán
El presidente Luis Abinader promulgó este domingo un decreto mediante el cual establece el Observatorio de Políticas Migratorias, un nuevo espacio de intercambio ciudadano destinado a fortalecer la vigilancia organizada, la transparencia y la participación de la sociedad civil en el diseño, monitoreo y evaluación de las políticas migratorias del Estado dominicano.
Según informó la Presidencia, este observatorio funcionará bajo la dependencia del Consejo Nacional de Migración y estará dirigido por una comisión ejecutiva presidida por el periodista Miguel Franjul, designado por el Poder Ejecutivo para liderar el organismo. La coordinación operativa estará a cargo del Ministerio de Interior y Policía.
La comisión ejecutiva estará integrada por destacadas figuras del ámbito académico, religioso, empresarial y social, entre ellos el rector del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), Julio Sánchez Maríñez; el arzobispo de Santiago, monseñor Héctor Rafael Rodríguez Rodríguez; el pastor Feliciano Lacen Custodio, director ejecutivo del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (CODUE); y Jacinto Pichardo, secretario general del Instituto Duartiano. También formarán parte Juan Mera, presidente de la Asociación para el Desarrollo de Santiago; César Dargam Espaillat, vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep); y Juan Bancalari, presidente de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores).
Todos los miembros de esta comisión ejercerán sus funciones de manera honorífica, sin remuneración económica, según detalló el comunicado oficial.
El Observatorio de Políticas Migratorias forma parte de un paquete de medidas anunciadas hace dos semanas por el presidente Abinader para hacer frente a la inmigración irregular proveniente de Haití, que atraviesa una prolongada crisis socioeconómica y política.
Además, el decreto faculta al observatorio para incorporar a nuevas personas de la sociedad civil y crear mesas de trabajo permanentes con expertos y especialistas en la materia, con el fin de enriquecer el análisis y la formulación de recomendaciones para las políticas migratorias nacionales.
Con esta iniciativa, el gobierno dominicano busca consolidar un mecanismo de vigilancia y participación ciudadana que contribuya a una gestión migratoria más transparente, inclusiva y eficiente, en un contexto regional complejo.
