Mirna Ortiz responde a defensa de Donald Guerrero y afirma que los acuerdos internacionales y la ley dominicana blindan la persecución de los casos de corrupción compleja
Por Julio Guzmán Acosta
En una jornada de réplica cargada de tensión jurídica, la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, desmontó este miércoles los argumentos de la defensa del exministro de Hacienda, Donald Guerrero, al sostener que los casos de corrupción ocurridos durante los gobiernos de Danilo Medina no pueden extinguirse por el paso del tiempo, al tratarse de hechos de criminalidad organizada, los cuales la ley declara como “imprescriptibles”.
Durante la audiencia celebrada ante el Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Ortiz fue enfática al señalar que la acusación contra Guerrero y los también exministros Gonzalo Peralta y José Ramón Peralta cumple con “todas y cada una de las características” de la criminalidad compleja, lo que, a su juicio, impide que el proceso pueda ser archivado por vencimiento de plazos.
“Estamos ante un grupo de funcionarios públicos que se coalicionan, que se asocian con empresarios, con testaferros, que pagan sobornos, que mueven activos, que falsifican documentos, que crean estrategias para estafar al Estado”, proclamó la procuradora adjunta ante los jueces.
Ortiz fundamentó su postura no solo en la Ley 10-05 del Código Procesal Penal, modificada por la 97-25, sino también en tratados internacionales suscritos por la República Dominicana, los cuales, según explicó, tienen la misma jerarquía que las normas locales.
Más allá del “conteo matemático”
La representante del Ministerio Público también rebatió el reclamo de la defensa de Guerrero sobre la supuesta violación al plazo razonable del proceso. Los abogados del exfuncionario han denunciado que el caso lleva cinco años desde el primer interrogatorio, ocurrido en 2020. Sin embargo, Ortiz aclaró que la investigación que derivó en la acusación formal no inició en ese momento, sino en 2021, por hechos ocurridos durante la gestión del imputado al frente del Ministerio de Hacienda.
Citando la sentencia TC-0770-24 del Tribunal Constitucional y jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la titular de la Pepca argumentó que la razonabilidad de los plazos no puede establecerse con un simple “cálculo matemático” en casos de corrupción, dada la complejidad de las pesquisas y las propias dinámicas del proceso judicial.
“Hay condiciones y circunstancias que deben verificarse para establecer la razonabilidad de esos plazos. Dilaciones del proceso propias de la misma dinámica de los procesos”, subrayó.
La defensa clama por el debido proceso
Fuera del tribunal, la respuesta de la defensa no se hizo esperar. María del Pilar Zuleta, parte del equipo legal de Donald Guerrero, calificó de “preocupantes” las afirmaciones del Ministerio Público y denunció que el órgano acusador pretende evadir los límites que impone el Código Procesal Penal.
“El código le fija unos límites para investigar, especialmente cuando el ciudadano está sometido a medidas de coerción”, declaró Zuleta, quien también cuestionó que la acusación pretenda enunciar pruebas sin depositarlas formalmente.
“Estas dos afirmaciones del Ministerio Público son preocupantes porque demuestran que no están dispuestos a someterse al debido proceso para hacer sus acusaciones”, sentenció la letrada, insistiendo en que, hasta el momento, la Fiscalía no ha podido presentar elementos que otorguen posibilidad de condena contra su representado.
El debate, que enfrenta dos visiones antagónicas sobre los límites de la justicia en casos de gran corrupción, mantiene en vilo a la opinión pública mientras el expediente avanza en su fase intermedia.
