En el contexto actual de la política migratoria estadounidense, donde la deportación masiva de inmigrantes se ha convertido en una realidad alarmante, los gobiernos latinoamericanos están siendo puestos a prueba. La forma en que cada nación responde a esta crisis no solo revela su capacidad de gestión, sino también su compromiso con la dignidad y el bienestar de sus ciudadanos. En este sentido, la República Dominicana se enfrenta a un reto crucial: la creación de mejores oportunidades laborales y programas de formación que reduzcan la necesidad de emigrar.
La reciente actitud del gobierno dominicano, que ha optado por una postura de indiferencia ante la deportación de sus ciudadanos, es preocupante. Mientras otros países de la región, como México, Colombia, Honduras y Brasil, han implementado planes integrales para recibir y reintegrar a sus deportados, la administración de Luis Abinader se ha limitado a aceptar la autoridad de Estados Unidos en este asunto. Esta falta de sensibilidad no solo desatiende las necesidades de los migrantes, sino que también subestima el potencial de desarrollo que podría surgir al invertir en la formación y el empleo en el país.
La emigración no es solo una decisión personal; es un fenómeno complejo que a menudo es impulsado por la falta de oportunidades. Al proporcionar mejores condiciones laborales, así como acceso a educación y capacitación, el gobierno dominicano podría ofrecer a sus ciudadanos alternativas viables para prosperar en su propio país. Invertir en programas de formación técnica y profesional, así como en políticas que fomenten el emprendimiento y la innovación, son pasos necesarios para construir un futuro más prometedor.
La creación de empleos dignos y bien remunerados no solo beneficia a los individuos, sino que también fortalece la economía nacional. Una población empleada es una población que contribuye al crecimiento del país, que paga impuestos, que consume y que, en última instancia, puede contribuir a un ciclo de desarrollo sostenible. La falta de oportunidades laborales es un caldo de cultivo para la desesperanza y la migración. No se trata solo de evitar que nuestros ciudadanos abandonen el país, sino de ofrecerles razones para quedarse y construir su vida aquí.
Es imperativo que el gobierno dominicano reoriente sus políticas hacia el desarrollo económico inclusivo. Esto implica no solo la creación de empleo, sino también la facilidad para la adquisición de viviendas, con politicas crediticias avaladas por el Estado y la promoción de un entorno en el que los jóvenes y adultos puedan adquirir las competencias necesarias para afrontar los desafíos del mercado laboral. Esto no solo es una cuestión de justicia social, sino también de estrategia económica.
La migración debe ser vista como una opción, no como una necesidad. Para ello, es fundamental que nuestros líderes entiendan que la verdadera fortaleza de una nación se mide por su capacidad para ofrecer un futuro digno a sus ciudadanos. La solidaridad y la empatía deben ser los principios rectores de nuestra política migratoria interna y externa.
En resumen, la situación actual nos brinda una oportunidad única para reflexionar sobre nuestras prioridades como nación. Es hora de que la República Dominicana tome un papel proactivo en la creación de un entorno que fomente la estabilidad y el desarrollo, reduciendo así la presión migratoria. Solo así podremos garantizar que nuestros ciudadanos tengan las oportunidades que merecen, y que sean ellos quienes decidan, desde una posición de libertad y elección, si desean emigrar o permanecer y contribuir al desarrollo del país.
