La crítica de la Organización de los Estados Americanos al proceso judicial mexicano desata una fuerte respuesta del gobierno y la sociedad, que defienden la soberanía popular frente a lo que consideran una intromisión política disfrazada de observación técnica
Por Thiago Mota Zorrilla
La reciente elección del Poder Judicial en México, un proceso pionero que permitió por primera vez la selección popular de los ministros de la Suprema Corte, ha desatado una polémica sin precedentes a nivel internacional. La Organización de los Estados Americanos (OEA), a través de su Misión de Observación Electoral (MOE), emitió un informe crítico que cuestiona diversos aspectos del proceso, provocando una enérgica réplica del gobierno mexicano, que ve en el documento una injerencia que viola los principios de soberanía nacional.
Con un historial cuestionado en procesos electorales de la región, incluyendo su controvertido papel en la crisis boliviana de 2019, la OEA centra ahora sus reparos en la inédita elección judicial mexicana, señalando problemas en la participación ciudadana, la logística y la comunicación del proceso. Sin embargo, ignora el contexto político y social en el que se desarrolló esta votación, marcada por llamados al abstencionismo desde la oposición y por un Instituto Nacional Electoral que mostró poca diligencia para atender las complejidades de un proceso tan innovador.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México emitió un comunicado en el que expresa “firme rechazo” a las recomendaciones de la MOE, subrayando que dicho organismo carece de la facultad para imponer criterios sobre la conformación del Poder Judicial en un país soberano. En consonancia, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó desde Morelos que “la OEA no tiene atribuciones para opinar sobre las decisiones que toma el pueblo de México”, recordando que la misma organización reconoce en sus estatutos no intervenir en la soberanía de sus miembros.
El gobierno celebró la elección de Hugo Aguilar Ortiz, abogado indígena mixteco, como próximo presidente de la Suprema Corte, resaltando el carácter histórico de este momento que, tras Benito Juárez, sitúa por primera vez a un indígena al frente del máximo tribunal, elegido y reconocido por el pueblo mexicano.
Más allá de las críticas, el informe de la MOE reconoce avances significativos, como el respeto a la paridad de género y la implementación de políticas que excluyen a candidatos con antecedentes de violencia o incumplimiento de obligaciones familiares. No obstante, la recomendación final de no replicar este modelo electoral en otros países revela una postura política que muchos interpretan como un intento de preservar el statu quo judicial en la región.
En un escenario donde México ha optado por romper con las viejas estructuras de privilegio y pactos cerrados en la justicia, la controversia con la OEA pone en el centro del debate la verdadera independencia de los organismos internacionales y su papel frente a procesos democráticos que desafían antiguos esquemas de poder. Este episodio invita a reflexionar sobre la soberanía popular y el derecho de los pueblos a decidir sus propias formas de gobierno sin injerencias externas que muchas veces esconden intereses geopolíticos.
