La ministra Faride Raful habla a la prensa tras reunión del Plan de Seguridad Ciudadana, donde insistió que ningún Alcalde tiene facultades para detener ciudadanos indocumentados, solo la Dirección General de Migración (DGM) tiene esas atribuciones.
Por Thiago Zorrilla Acosta
La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, aclaró este lunes que las competencias en materia migratoria corresponden exclusivamente a la Dirección General de Migración (DGM), desautorizando así las recientes acciones del alcalde de Dajabón, Santiago Riverón, quien ha protagonizado operativos contra migrantes haitianos, incluyendo menores de edad.
Durante una rueda de prensa en el Palacio de la Policía Nacional, Raful fue enfática al señalar que «la Dirección General de Migración es la única entidad facultada para realizar abordajes de inmigrantes en el territorio nacional». Estas declaraciones se produjeron luego de que circularan imágenes donde se observa al alcalde Riverón deteniendo a niños haitianos que dormían en parques públicos, tomándolos por la ropa con intención de repatriarlos.
La titular de Interior destacó que su institución mantiene comunicación con el alcalde fronterizo y recordó que la DGM, dependencia bajo su cartera, ha realizado durante mayo la reconducción de 18,034 haitianos en situación irregular, cumpliendo siempre con los protocolos de derechos humanos.
Las declaraciones ministeriales coinciden con el vencimiento del plazo de cinco días que Riverón había establecido para que los migrantes abandonaran viviendas alquiladas en la localidad. Según corresponsales en la zona, grupos nacionalistas han llegado a Dajabón para apoyar las medidas del edil.
El caso de los menores interceptados en el parque Juan Luis Franco Bidó ha generado particular preocupación. El Conani emitió un comunicado denunciando que Riverón «violentó los protocolos establecidos para el abordaje de niños en situación de calle», posiblemente infringiendo la Ley 136-03 que protege los derechos fundamentales de la niñez y adolescencia.
Desde Interior se enfatizó que, aunque se reconoce la compleja situación fronteriza, todas las acciones migratorias deben realizarse dentro del marco legal establecido y con pleno respeto a los derechos humanos, competencia que recae únicamente en los organismos especializados del Estado.
