Por César Dalmasi Guzmán
La nueva Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD), en apenas semanas de funciones, ha destapado un escandaloso informe que revela irregularidades superiores a los RD$1,000 millones en el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI), correspondientes al período 2016-2020. El informe, publicado el 26 de mayo, señala múltiples anomalías en compras, contrataciones, administración de bienes y nómina, involucrando a funcionarios civiles y militares, y pone bajo escrutinio la gestión de Berlinesa Franco, quien dirigió la entidad desde diciembre de 2008 hasta abril de 2020.
Entre las irregularidades detectadas destacan la mala gestión documental, pagos realizados en departamentos incorrectos, proveedores habilitados con evaluaciones técnicas deficientes, y discrepancias entre guías físicas y registros del sistema SIGEPI. El análisis se centró en procesos de contratación bajo procedimientos de urgencia y emergencia, principalmente durante la pandemia del COVID-19, evidenciando incumplimientos en plazos, pólizas de garantía con coberturas excesivas, pagos a proveedores con deudas tributarias y diferencias significativas entre valores contractuales y registros oficiales.
Un contrato de urgencia para el suministro y distribución de alimentos crudos a centros infantiles, por un monto de RD$531,767,051, mostró incumplimientos en plazos y discrepancias en cantidades entregadas, mientras que otro proceso para la compra de 40,000 kits alimenticios por RD$100 millones incluyó bienes no contemplados en decretos de emergencia. Asimismo, la entrega de productos para prevención del COVID-19 por RD$61,608,923 presentó documentación incompleta, contratos vencidos y pagos procesados incorrectamente.
El procedimiento de emergencia durante la pandemia reveló irregularidades por RD$103,540,822, incluyendo retrasos en entregas, falta de documentación, pagos sin revisión, adjudicaciones fuera de norma, y ausencia de pólizas de garantía, afectando la transparencia y eficiencia de las contrataciones.
En cuanto a suministros, el contrato por RD$69,465,124 para productos alimenticios registró graves fallas como falta de entrega, facturación incongruente, guías fantasmas y pagos en departamentos equivocados. El sector de suministro y distribución acumula irregularidades por RD$293,745,707, con retenciones indebidas de impuestos, pagos irregulares, incumplimiento contractual, adjudicaciones a proveedores sin inventario y entregas tardías pese a contratos pagados.
La auditoría también detectó inconsistencias en contratos para lácteos por RD$34,590,561 y RD$63,058,832, con discrepancias en precios, documentación duplicada, remisiones ficticias, incumplimiento fiscal y entrega de productos distintos a los contratados. Se evidenció además falta de registros adecuados en SIGEPI, ajustes contractuales sin justificación, falta de evaluaciones económicas y administrativas, y adjudicaciones sin la documentación requerida.
La contratación para formación de recursos humanos por RD$198,401,493 mostró falta de transparencia, con inconsistencias en precios y cantidades, reportes de asistencia sin firmar, retenciones fiscales indebidas y adjudicaciones sin respaldo legal y técnico.
En productos alimenticios por RD$306,039,365 se encontraron irregularidades tales como falta de presupuesto, retenciones fiscales incorrectas, entregas sin soporte documental, modificaciones contractuales injustificadas y cesión de contratos fuera de norma. Por otro lado, la compra de alimentos por RD$126,656,299 incluyó recepción de productos fuera de especificaciones contractuales, evidenciando falta de control de calidad.
Los libros contables de INAIPI revelaron discrepancias en licitación pública para herrería por RD$5,601,238, con contratos incompletos, variaciones en marcas y falta de evidencia física. En equipos de cocina por RD$24,600,300 se detectaron pagos por entregas e instalaciones no conformes, gestión irregular de facturas y contratos sin ejecución.
También se identificaron irregularidades en la adquisición de equipos y materiales ferreteros por RD$3,726,563, con bienes no recibidos ni registrados, contratos usados para intercambio de carne y documentación de respaldo incongruente. La contratación de materiales ferreteros por RD$12,998,304 mostró entregas fuera de horario, precios superiores, diferencias entre facturas y guías, pagos duplicados y contratos vencidos con pendientes de entrega.
Finalmente, en la compra de mobiliarios por RD$33,786,050 se encontraron adjudicaciones a empresas vinculadas, falta de evidencia de recepción y uso, facturación por bienes diferentes a lo especificado y duplicidad en la numeración de documentación. El informe legal de la auditoría advierte un posible riesgo jurídico para los funcionarios involucrados.
Esta auditoría, con más de 500 páginas, expone un panorama preocupante sobre la gestión y control de recursos públicos en INAIPI, poniendo en evidencia la necesidad urgente de fortalecer los mecanismos de fiscalización y transparencia en la administración estatal para proteger los fondos destinados a la atención integral de la primera infancia.
