La acusación formal contra los hermanos Espaillat desgrana, ocho meses después de la noche del horror, cómo la codicia y la negligencia precipitaron el techo sobre las cabezas de las más de 515 personas que se encontraban en el lugar y donde resultaron muertas 236 almas.
Por Virtudes Álvarez Sampedro
SANTO DOMINGO.— Ocho lunas después de que el éxtasis se trocara en pánico y el ritmo del merengue en un silencio sepulcral, la justicia ha puesto negro sobre blanco en su veredicto preliminar. La acusación formal del Ministerio Público contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, dueños de la discoteca Jet Set Club, no es solo un documento legal; es la crónica de una tragedia anunciada. El techo que colapsó sobre cientos de vidas la madrugada del 8 de abril no cayó por casualidad, sino que fue derribado por el peso de una negligencia criminal.
La fiscalía, en un escrito depositado con la solemnidad que exige el duelo de una nación, establece que los procesados “agravaron su responsabilidad al sobrecargar la estructura del techo del local con equipos de climatización de gran volumen y tinacos de agua, sin realizar estudios técnicos” que garantizaran la integridad del lugar. Pero la acusación va más allá de la simple omisión. Revela un desdén consciente y temerario por la vida. “Ignoraron advertencias internas sobre el deterioro del techo, priorizando el ahorro de recursos a pesar de los riesgos evidentes”, se lee en el comunicado de las autoridades.
Durante las audiencias, se había dejado entrever la existencia de un conocimiento profundo e ineludible por parte de los empresarios. No se trataba de un detalle técnico oculto, sino de grietas visibles, de escombros que ya caían, de fotografías y videos que sus propios empleados les presentaron como un testimonio mudo del peligro. “A pesar de estas advertencias explícitas (…), optaron por ignorarlas”, sentencia el órgano persecutor. La frivolidad con la que se manejó aquel goteo de alertas contrasta con la contundencia de los cargos: homicidio involuntario y golpes y heridas involuntarias, figuras que, aunque no conllevan la intención de dañar, castigan con prisión de tres meses a dos años la torpeza, la imprudencia y la inobservancia que segaron 236 vidas.
Aquella madrugada fatídica, mientras Rubby Pérez animaba la fiesta, la estructura cedió. El lugar, abarrotado como era tradición en las noches de lunes, se convirtió en una trampa mortal. El caos, los gritos de auxilio y la desesperación de los rescatistas dibujaron una postal de horror que aún persiste en la memoria colectiva. Esta semana, mientras la justicia presentaba su dictamen, se recordaba que el pasado 12 de junio recibió el alta médica Jennifer Tavera, la última de los más de cien heridos en abandonar un centro de salud, tras 65 días de internamiento. Ella es un rostro de la resiliencia; los 236 que perecieron, el rostro de una impunidad que, ahora, la fiscalía busca conjurar con el peso frío de la ley.
