Por Julio Guzmán Acosta
El año 2024 ha sido un periodo de intensos desafíos para la relación entre el presidente Gustavo Petro y el Congreso de la República. Desde el inicio del año, el mandatario se ha enfrentado a una serie de obstáculos legislativos que han puesto en entredicho su capacidad para gobernar y ejecutar su agenda política. En un análisis exhaustivo de los acontecimientos, se evidencia un deterioro significativo en la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, con un balance que se inclina más hacia lo negativo que hacia lo positivo.
En el primer semestre, la situación se tornó crítica cuando el Congreso rechazó dos de las reformas más importantes del gobierno: la reforma a la salud, considerada la piedra angular de la política pública de Petro, y la reforma educativa. Estos fracasos fueron solo el principio de una serie de reveses que culminaron en el segundo semestre, cuando los senadores y representantes archivaron el presupuesto para 2025, la reforma tributaria y la política. A pesar de que de enero a julio se aprobó la reforma pensional, esta llegó con ajustes que no cumplían con las expectativas del presidente, lo que dejó claro el distanciamiento entre ambas partes.
En un año lleno de tensiones, el único proyecto que logró avanzar con el respaldo presidencial fue la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP), un elemento crucial para la descentralización del país, aunque este apoyo llegó solo al final del proceso legislativo. Aún quedan en trámite varias reformas, incluyendo una nueva versión de la reforma a la salud, que deberá ser discutida en plenaria en febrero, así como la reforma laboral, la reforma a la justicia y la jurisdicción agraria, que, a pesar de haber logrado consenso en comisiones, enfrenta el reto de mantenerlo en las plenarias.
Un análisis de la consultora Orza revela que el gobierno de Petro ha experimentado una drástica disminución en su efectividad legislativa. Durante las dos primeras legislaturas, la efectividad del presidente alcanzó un 33%, pero en lo que va de la tercera legislatura, esta cifra ha caído a un alarmante 10%. De los 1.011 proyectos de ley presentados, solo 7 han sido aprobados, lo que refleja una incapacidad notable para consolidar mayorías y establecer una coalición sólida.
La relación entre el presidente y el Congreso comenzó con un fuerte respaldo tras su llegada al poder en agosto de 2022, cuando Petro logró conformar una amplia coalición que le permitió dominar las mayorías en el Senado y la Cámara. Sin embargo, el desgaste ha sido palpable. La caída en la popularidad de Petro, los escándalos de corrupción en su administración y los desencuentros con los partidos tradicionales han erosionado esta alianza, provocando que los apoyos se vuelvan cada vez más frágiles. Los partidos Liberal, Conservador y de la U, que inicialmente apoyaron al gobierno, comenzaron a distanciarse, lo que dejó al presidente en una posición vulnerable.
La situación se agravó cuando Petro, en un arrebato de frustración, descalificó a los congresistas en un discurso reciente, llamándolos “malditos” y anunciando la ruptura de relaciones con las comisiones económicas que habían hundido su ley de financiamiento. Este ataque verbal no solo refleja el clima de tensión, sino que también augura un 2025 aún más complicado, con el avance de investigaciones judiciales relacionadas con un escándalo de corrupción que involucra a altos funcionarios de su gobierno y a varios congresistas.
La polarización y la crispación en el ambiente político se intensificarán con la proximidad de las elecciones presidenciales y legislativas de 2026, lo que podría relegar las reformas a un segundo plano y centrar la atención en los procesos electorales. Un contexto de críticas sobre transparencia, corrupción y problemas fiscales ha debilitado la capacidad del gobierno para cohesionar a sus aliados, convirtiendo el panorama político en un campo de batalla donde cada decisión se enfrenta a un creciente escepticismo y resistencia.
En conclusión, el año 2024 ha sido testigo de una profunda crisis en la relación entre el presidente Gustavo Petro y el Congreso de la República. Con reformas clave estancadas y una creciente polarización política, el futuro del gobierno y su capacidad para implementar su agenda se enfrenta a un horizonte incierto, donde la recuperación de la confianza y la construcción de consensos se presentan como desafíos urgentes para el mandatario colombiano.
