La Policía Nacional no ha sido, en la práctica, un ente al servicio de la seguridad ciudadana. Por el contrario, se ha convertido en un refugio para delincuentes de todo tipo, desde altos oficiales hasta simples soldados, que utilizan el uniforme y la autoridad para enriquecerse ilícitamente y perpetrar actos criminales.
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La Policía Nacional dominicana ha sido, durante décadas, una institución que refleja los males endémicos de nuestra sociedad: corrupción, politización, impunidad y una profunda desconexión con su misión fundamental de proteger y servir a la ciudadanía. Hoy, en medio de un proceso de reforma impulsado por el gobierno del presidente Luis Abinader, se abre una ventana de esperanza para transformar esta institución. Sin embargo, el camino está lleno de obstáculos, intereses ocultos y resistencias que amenazan con diluir los esfuerzos de cambio.
Una Institución Capturada por Intereses Oscuros
La Policía Nacional no ha sido, en la práctica, un ente al servicio de la seguridad ciudadana. Por el contrario, se ha convertido en un refugio para delincuentes de todo tipo, desde altos oficiales hasta simples soldados, que utilizan el uniforme y la autoridad para enriquecerse ilícitamente y perpetrar actos criminales. El tráfico de armas, municiones, personas e influencias es solo la punta del iceberg de una estructura que ha sido instrumentalizada para servir a intereses políticos, económicos y criminales.
Esta situación no es nueva. La politización excesiva de la Policía ha permitido que ciertos personajes se eternicen en sus cargos, utilizando la institución como un botín para su beneficio personal. La falta de controles internos, la impunidad y la complicidad de sectores políticos y empresariales han perpetuado un sistema que premia la lealtad a intereses particulares por encima del servicio público.
El Decreto 109-25: Un Paso en la Dirección Correcta
En este contexto, el decreto 109-25 emitido por el presidente Abinader representa un avance significativo. Este decreto, que introduce cambios en la oficialidad de la Policía Nacional, es un intento por romper con las prácticas corruptas y clientelistas que han dominado la institución. Sin embargo, no basta con cambiar nombres y posiciones; es necesario un cambio estructural y cultural que garantice que los nuevos líderes policiales estén comprometidos con la ética, la transparencia y el respeto a los derechos ciudadanos.
El gobierno debe asegurarse de que las promociones y ascensos se realicen con estricto apego a la ley, evaluando el desempeño, la conducta y la integridad de los oficiales. No se puede permitir que individuos con historiales manchados por la corrupción o el crimen ocupen posiciones de poder dentro de la institución. Esto no solo minaría la credibilidad de la reforma, sino que enviaría un mensaje equivocado a la ciudadanía: que nada ha cambiado.
Las Resistencia al Cambio
Uno de los mayores desafíos que enfrenta la reforma policial es la resistencia interna. Dentro de la Policía Nacional hay quienes se benefician del statu quo y harán todo lo posible por entorpecer los cambios. Estos individuos, muchos de ellos con altos rangos, utilizan su influencia para proteger sus intereses y sabotear cualquier iniciativa que amenace su poder.
Además, existen fuerzas externas que presionan para mantener el control sobre la institución. Sectores políticos, económicos y criminales han encontrado en la Policía un aliado estratégico para sus actividades ilícitas, y no están dispuestos a renunciar a este privilegio sin luchar. Por ello, es fundamental que el gobierno demuestre firmeza y no ceda ante estas presiones.
Hacia una Policía Civil y Profesional
La reforma policial no debe limitarse a cambios cosméticos o administrativos. Es necesario transformar la cultura institucional, fomentando valores como la integridad, la transparencia y el servicio a la comunidad. Para ello, se requiere una formación continua de los agentes, un sistema de rendición de cuentas efectivo y la participación activa de la sociedad civil en la supervisión de la institución.
Además, es crucial desvincular a la Policía de los intereses políticos y económicos que la han corrompido. Esto implica establecer mecanismos claros para la selección y ascenso de los oficiales, basados en méritos y no en lealtades partidistas. También es necesario fortalecer los controles internos y externos para prevenir y sancionar cualquier acto de corrupción o abuso de poder.
Un Compromiso con el Futuro
La reforma de la Policía Nacional es una tarea compleja y de largo aliento, pero es indispensable para construir un país más seguro y justo. El gobierno de Abinader ha dado el primer paso, pero no puede hacerlo solo. Es necesario el compromiso de todos los sectores de la sociedad para apoyar este proceso y exigir que se cumpla hasta sus últimas consecuencias.
La ciudadanía debe estar vigilante y denunciar cualquier intento de sabotear la reforma. Los medios de comunicación y los comunicadores, tenemos la responsabilidad de informar con transparencia y rigurosidad sobre los avances y retrocesos del proceso. Y los organismos internacionales pueden jugar un papel clave brindando apoyo técnico y financiero para garantizar que la reforma sea exitosa.
Conclusión
La Policía Nacional dominicana está en una encrucijada. Puede seguir siendo un refugio para delincuentes y un instrumento de intereses oscuros, o puede transformarse en una institución civil, profesional y al servicio de la ciudadanía. La decisión está en manos del gobierno, pero también en las nuestras. Como sociedad, debemos exigir que se cumpla con este compromiso y no permitir que los intereses de unos pocos sigan prevaleciendo sobre el bien común.
La reforma policial no es solo una cuestión de seguridad; es una cuestión de dignidad y justicia. Y es, sin duda, uno de los mayores desafíos que enfrenta nuestra democracia en la actualidad.
