Un editorial a contracorriente
El reciente acuerdo que concede a Estados Unidos el uso de espacios aéreos estratégicos dominicanos bajo el pretexto de la lucha antidrogas no es una simple cooperación bilateral: es la consolidación de un entreguismo histórico que atraviesa los últimos gobiernos y compromete la soberanía nacional en proyectos geopolíticos ajenos.
No hay otra forma de calificarlo: lo firmado por Luis Abinader con el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, es la claudicación institucionalizada. Bajo la máscara de la “Operación Southern Spear”, se autoriza el uso de la Base Aérea de San Isidro y del Aeropuerto Internacional de Las Américas para operaciones logísticas extranjeras. Se nos pide creer que esto es “cooperación”, cuando la historia demuestra que tales concesiones siempre han sido la antesala de mayores injerencias.
Resulta revelador —y patético— que esta decisión cuente con el beneplácito de expresidentes como Danilo Medina y Leonel Fernández, y sea celebrada por la ultraderecha local. Es la confirmación de que existe una clase política unificada en su servilismo hacia Washington, incapaz de defender los intereses nacionales cuando estos chocan con los dictados del Norte.
¿De qué lucha contra el narcotráfico nos hablan, cuando es notoria la infiltración de dineros obscenos en campañas electorales y la impunidad de que gozan testaferros y lavadores en altas esferas? ¿Cómo se explica que Estados Unidos proclame su alianza con “gobiernos ejemplares” en esta lucha, mientras indulta a narcotraficantes confesos como Juan Orlando Hernández y legitima a figuras siniestras en otros países?
La verdadera agenda tras la “Lanza del Sur” no es el combate al tráfico de drogas, sino la consolidación del control militar estadounidense sobre una región rica en recursos naturales. Es la misma lógica que justifica el bloqueo criminal contra Cuba, las amenazas de invasión a Venezuela, y el ofrecimiento de recompensas por jefes de Estado soberanos. El Caribe se ha convertido en el patio trasero de una estrategia hemisférica que busca frenar cualquier avance progresista y garantizar el saqueo de nuestros recursos.
No es casualidad que este acuerdo se enmarque en el Acuerdo de Interdicción Marítima y Aérea firmado por Joaquín Balaguer en 1995 —el mismo presidente impuesto por la intervención yanqui de 1966—. Es la misma línea de continuidad que explica el envío de tropas dominicanas a Irak por Hipólito Mejía, o el retiro del embajador en Venezuela por Danilo Medina. Es la herencia maldita de una clase política que ha gobernado para intereses extranjeros.
La prensa tradicional que responde a los intereses del gran capital, presentan esta sumisión como “diplomacia madura”. Nosotros la llamamos por su nombre: traición. Traición a la soberanía por la que lucharon Duarte, los trinitarios y Luperón. Traición a un pueblo que merece relaciones internacionales basadas en el respeto mutuo, no en la subordinación.
Frente a esta farsa, solo cabe la resistencia consciente. Denunciar este acuerdo no es anti estadounidense: es la defensa elemental de nuestra dignidad como nación. Es el rechazo a convertirnos en complices de una estrategia de agresión contra pueblos hermanos. Es honrar la memoria de quienes soñaron una República Dominicana libre, no un protectorado disfrazado.
El momento exige claridad: o somos soberanos o somos colonia. No hay términos medios.
