La nueva acusación del Departamento de Justicia, dirigida por abogados personales de Trump, abandona la narrativa de una organización terrorista estructurada y recurre a vagas «culturas de corrupción», exponiendo que la principal justificación para la agresión contra Venezuela era un castillo de naipes probatorio, fabricado en redacciones periodísticas y alimentado por testigos pagados.
Por Servicios Umbral.com.do
En el teatro sombrío de la lawfare—la guerra jurídica como instrumento geopolítico—un protagonista crucial ha desaparecido abruptamente del guion. Se trata del llamado “Cartel de los Soles”, esa entelequia presentada durante años por Washington y sus medios afines como la encarnación del “narcoestado” venezolano, el monstruo que justificaba sanciones asfixiantes, designaciones terroristas y, finalmente, la operación militar y el secuestro del presidente Nicolás Maduro. Sin embargo, en la acusación formal sustitutiva presentada ante el juez Alvin Hellerstein de Nueva York, los fiscales del Departamento de Justicia—ahora liderados por los antiguos abogados personales de Donald Trump, Pam Bondi y Todd Blanche—han ejecutado un viraje probatorio de profundas implicaciones.
El documento judicial, que acusa a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, de conspiración para el narcoterrorismo y tráfico de cocaína, evita por completo imputar al presidente la jefatura de una organización criminal estructurada. En un ejercicio de ambigüedad calculada, los fiscales reducen el “Cartel de los Soles” a un “sistema clientelar” y una “cultura de corrupción” que Maduro habría “participado, perpetuado y protegido”. Esta dilución semántica es diametralmente opuesta a la acusación de 2020, en el Distrito Sur de Nueva York, donde el cartel era nombrado 32 veces y Maduro señalado explícitamente como su líder.
El abismo entre el estruendo político y el silencio judicial es ensordecedor. Como señala Elizabeth Dickinson, subdirectora para América Latina del International Crisis Group, este cambio “pone en tela de juicio la designación del Cartel de los Soles como una organización terrorista extranjera”, calificación empleada para equipararlo a Al-Qaeda y así legitimar acciones de fuerza extrema. “Las designaciones no tienen que demostrarse en un tribunal. Claramente, sabían que no podían probarlo en un tribunal”, sentencia Dickinson, desnudando el núcleo de la estrategia: una narratura para el consumo político y mediático, demasiado frágil para el escrutinio de un proceso legal.
La acusación, que abarca el período 2000-2025, se sostiene sobre un andamiaje de testigos cooperantes—figuras como el exjefe de inteligencia Hugo “el Pollo” Carvajal, conocido por sus fabulaciones en cortes españolas, o el exgeneral Cliver Alcalá Cordones, organizador de la fallida Operación Gedeón—, interceptaciones telefónicas y registros financieros. Vincula a altos funcionarios chavistas con las FARC, el ELN, el Cártel de Sinaloa y el Tren de Aragua. Sin embargo, la “prueba reina” de esta conexión sería una sola llamada telefónica donde se habla de custodiar cargamentos.
El origen del mito no está en un sumario policial, sino en una redacción periodística. Fue el corresponsal del diario español ABC en Washington, Emili J. Blasco, quien el 27 de enero de 2015, citando al exguardia presidencial Leamsy Salazar—convertido en informante de Estados Unidos—, lanzó al mundo el término “Cartel de los Soles”. El relato fue inmediatamente amplificado por el Wall Street Journal y el Washington Post, construyendo una verdad mediática que precedió y suplantó a cualquier evidencia jurídica sólida. Un fantasma nacido de una filtración, útil para una campaña de desprestigio ya en marcha.
La inconsistencia es aún más flagrante al contrastarla con los informes oficiales sobre narcotráfico. Ni la DEA, en su Evaluación Nacional de la Amenaza de las Drogas, ni la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en su Informe Mundial, han listado jamás a un “Cartel de los Soles” entre las principales organizaciones criminales. Los datos de la propia DEA indican que por aguas venezolanas transita solo el 8% de la cocaína que llega a Estados Unidos, y cero gramos de fentanilo, cifras que no corresponden con la retórica de un “narcoestado” de primer orden.
Este retroceso táctico de la fiscalía revela una estrategia más peligrosa y flexible. Al sustituir la acusación de liderar un cartel por la de amparar una “cultura de corrupción”, Washington establece un precedente jurídico elástico y arbitrario. Bajo este nuevo paradigma, cualquier Jefe de Estado cuyas políticas disgusten a la potencia hegemónica podría ser acusado de fomentar un “sistema clientelar” similar, convirtiendo conceptos difusos en delitos extraditables.
El caso evoca el precedente del guerrillero colombiano Simón Trinidad, cuyo juicio en Estados Unidos estuvo marcado, según documenta el periodista Jorge Botero, por la presión a testigos y la limitación del derecho a la defensa. Maduro y Flores, recluidos en la misma cárcel neoyorquina que albergó a Ghislaine Maxwell, enfrentan un proceso donde las reglas pueden torcerse para lograr un veredicto político.
La desaparición del “Cartel de los Soles” de la acusación formal no es un detalle técnico. Es la confesión jurídica de una gran mentira propagandística. Expone que el principal sustento narrativo para justificar la agresión contra Venezuela—la guerra económica, la intentona golpista, la intervención militar—era, y es, un espectro. Un fantasma fabricado que, incapaz de comparecer ante un juez, sigue sin embargo actuando en el tribunal de la opinión pública internacional, donde las condenas más severas suelen dictarse sin necesidad de pruebas.
