Mientras la justicia condena a familiares de Danilo Medina por corrupción, la cúpula peledeísta se deslinda y exige explicaciones solo si los implicados fueran «dirigentes formales».
Por Virtudes Álvarez Sampedro
SANTO DOMINGO.— La justicia dominicana ha comenzado a escribir, con sentencias firmes y acuerdos de culpabilidad, un capítulo incómodo para la élite gobernante del pasado reciente. Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina, cumple una condena de siete años por corrupción. Maxy Montilla, cuñado del mismo exmandatario, ha aceptado su culpabilidad y el decomiso de 3,000 millones de pesos. Ambos casos, emblemáticos y reveladores, pintan un entramado de desfalco al Estado durante las gestiones del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Sin embargo, la dirigencia morada, lejos de asumir responsabilidades políticas, se atrinchera en un discurso de victimización y negacionismo.
La reacción oficial del PLD ha sido calibrar sus declaraciones con precisión tacticista. A través de su vicepresidente Yván Lorenzo, el partido asegura estar conformado por «hombres y mujeres honestos» y tilda los procesos judiciales de «instrumentalización de la justicia» por parte del gobierno actual. Lorenzo fue enfático al señalar que, de comprobarse actos de corrupción en un «dirigente formal» —no en familiares o colaboradores—, se le exigiría dar explicaciones al país. Esta distinción sutil entre «dirigentes» y «colaboradores allegados» parece ser el muro el cual la cúpula peledeísta busca refugiarse de cualquier salpicadura moral.
No obstante, dentro del mismo partido surgen voces que rompen la unanimidad. Congresistas como Gustavo Sánchez y Charlie Mariotti admiten que los imputados «abusaron de la confianza» del expresidente Medina y deben ser encarcelados. Esta grieta interna revela la tensión entre la lealtad partidaria y la evidencia judicial irrefutable.
La sociedad dominicana observa con escepticismo creciente este ejercicio de equilibrismo retórico. Mientras los tribunales desentrañan redes de corrupción que llegaron a las altas esferas del poder, la dirigencia del PLD insiste en reducir estos casos a «temas domésticos» —como los definió Lorenzo—, negándose a abordar el fondo del problema: la presidencia de Danilo Medina facilitó un sistema que permitió el enriquecimiento ilícito de su círculo íntimo.
El verdadero juicio, sin embargo, no solo ocurre en los tribunales. Se desarrolla en la arena pública, donde la ciudadanía demanda coherencia y rendición de cuentas. La historia juzgará si el PLD logra evadir su responsabilidad política tras la cortina de humo de la «persecución», o si finalmente asume que el poder conlleva una obligación inquebrantable con la transparencia.
