Hay decisiones que, aunque puedan estar amparadas por un contrato, representan un profundo error político y moral. El aumento de las tasas aeroportuarias dispuesto mediante el Decreto 367-26 es una de ellas.
El Gobierno ha optado por cumplir de manera automática un ajuste previsto en la concesión de Aerodom, pero ha olvidado ponderar quién termina pagando realmente esa decisión. Detrás de cada dólar adicional hay millones de dominicanos que abandonaron su tierra para buscar mejores oportunidades y que, durante décadas, han sostenido una parte esencial de la economía nacional.
Las remesas equivalen aproximadamente al 9 % del Producto Interno Bruto (PIB). Esa cifra, por sí sola, convierte a la diáspora en uno de los principales pilares de la economía dominicana. Sin embargo, ni siquiera refleja la verdadera dimensión de su sacrificio.
Las estadísticas oficiales cuentan las remesas, pero no contabilizan con justicia los miles de millones de pesos que llegan cada año en cajas repletas de alimentos, medicinas, ropa y electrodomésticos para aliviar las necesidades de miles de familias. Tampoco reflejan el dinero que los dominicanos gastan cuando regresan de vacaciones, las viviendas que construyen, las inversiones que realizan ni el consumo que generan en cada visita.
El aporte real de la diáspora es mucho mayor del que reconocen las cifras oficiales.
Y, aun así, cada gobierno parece verla únicamente como una fuente inagotable de ingresos.
Se les cobra. Se les grava. Se les solicita enviar más remesas. Se les pide invertir en el país. Se les llama a votar cada cuatro años. Pero cuando llega la hora de compartir el poder, de abrir espacios de decisión o de reconocer su experiencia, la inmensa mayoría queda fuera.
Los principales consulados siguen siendo repartidos como cuotas políticas. Las embajadas continúan ocupadas, en su mayoría, por dirigentes designados desde Santo Domingo. Las oficinas de promoción turística en el exterior también responden casi siempre a nombramientos políticos internos. Los dominicanos que llevan décadas viviendo en las comunidades donde el país necesita representación conocen mejor que nadie esa realidad, pero rara vez son tomados en cuenta.
La sensación es inevitable: para el Estado dominicano, la diáspora vale por los dólares que envía, no por el talento, la experiencia ni el liderazgo que ha construido fuera del país.
El Gobierno podrá argumentar que el aumento de las tasas aeroportuarias estaba establecido en un contrato de concesión. Nadie discute ese hecho. Lo que sí se discute es la ausencia de voluntad política para proteger a quienes sostienen buena parte de la economía nacional.
Gobernar también consiste en interpretar el momento.
El mundo atraviesa un período de enorme incertidumbre económica derivada de conflictos internacionales, inflación y tensiones geopolíticas que afectan el costo de vida de millones de familias. Los dominicanos residentes en el exterior tampoco escapan a esa realidad. Incrementar el costo de viajar a su propio país constituye un mensaje profundamente equivocado.
Desde Umbral rechazamos el Decreto 367-26 porque representa una nueva carga económica para quienes más han demostrado su compromiso con la República Dominicana.
Ha llegado la hora de que la diáspora deje de ser considerada únicamente una fuente de divisas y de votos.
Ha llegado la hora de exigir una representación real en el Estado, una participación proporcional a su enorme aporte económico y social y un trato digno para quienes nunca han dejado de sostener a la nación, aun viviendo lejos de ella.
Porque ningún país serio puede seguir construyendo su desarrollo sobre el sacrificio de millones de compatriotas mientras les exige cada vez más y les devuelve cada vez menos.
La diáspora dominicana merece respeto. Merece reconocimiento. Y merece un Gobierno que deje de verla como una simple caja registradora.
Creo que este editorial tiene el tono institucional y combativo propio de Umbral, pero mantiene una base argumentativa sólida. Además, puede convertirse en uno de los editoriales de mayor impacto del medio.
