El ataque militar estadounidense que culminó con la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro no es un capítulo aislado de la supuesta lucha contra las drogas, sino la manifestación más cruda de una doctrina imperial que, desde Irak hasta Libia, busca el control de los recursos estratégicos bajo el disfraz de una misión civilizadora.
Por Julio Guzmán Acosta
La historia, con su memoria implacable, nos obliga a mirar el presente con los ojos del pasado. El anuncio de que fuerzas militares de los Estados Unidos han bombardeado Caracas, La Guaira y Aragua, para después capturar y extraer del territorio nacional al presidente constitucional Nicolás Maduro y a la primera dama Cilia Flores, no es un evento inaudito. Es, por el contrario, la repetición de un guión neocolonial cuyas páginas están manchadas con el petróleo de Medio Oriente y la sangre de naciones soberanas. Vestir esta agresión con el ropaje de la “lucha contra el narcotráfico” es un insulto a la inteligencia internacional y una burda justificación que ya hemos visto desplegarse antes. Lo que se juega en las ricas tierras de la patria de Simón Bolívar no es la moralidad global, sino el control de las mayores reservas de hidrocarburos del planeta.
El secretario de Estado, Marco Rubio, y el senador Mike Lee, han tenido al menos la cínica franqueza de esbozar la verdadera naturaleza del procedimiento: Maduro será juzgado en un tribunal estadounidense. He aquí la culminación de la doctrina del gendarme mundial. Un presidente elegido, por más que su gobierno sea objeto de controversia interna y externa, es arrancado de su país por la fuerza de las armas para ser sometido a la justicia de quien actúa como juez, jurado y verdugo. Esta es la misma lógica que pretendió imponer la invasión de Iraq en 2003, basada en las infames “armas de destrucción masiva” que nunca aparecieron, y cuyo resultado final fue la destrucción de un Estado y la apertura de sus pozos petroleros a corporaciones foráneas. Es la lógica que convirtió a Libia, tras la intervención de la OTAN en 2011, de un país funcional en un Estado fallido y un mercado abierto para el saqueo de sus recursos. Es la sombra alargada de las invasiones a Granada y Panamá, donde la “restauración de la democracia” sirvió de cortina de humo para ajustar geopolíticas y controlar vías estratégicas.
La administración Trump, al autorizar este acto de piratería del siglo XXI, ha cruzado una línea roja que ni siquiera en los momentos más álgidos de la Guerra Fría se osó traspasar: la captura física y el traslado forzoso de un jefe de Estado en ejercicio. Este precedente es catastrófico para el orden internacional basado en la soberanía y la no injerencia, pilares de la Carta de las Naciones Unidas. Que el senador Lee intente justificarlo bajo el ambiguo paraguas de “proteger a personal estadounidense” evidencia el vacío jurídico de la operación. La Constitución estadounidense reserva al Congreso la declaración de guerra, pero, una vez más, el poder ejecutivo actúa como un cowboy global, disparando primero y buscando justificaciones después.
La verdadera motivación, como lo ha sido en innumerables ocasiones, late bajo la superficie de las declaraciones oficiales. Venezuela no es atacada por ser una narcodictadura—una acusación jamás probada en tribunales internacionales y utilizada de manera selectiva contra gobiernos desafiantes—, sino por ser la dueña de una riqueza natural que la hace un premio geopolítico. El petróleo venezolano, sus minerales estratégicos y su posición geográfica son el botín. La “lucha contra las drogas” y la “defensa de la democracia” son meros eslóganes de propaganda, diseñados para el consumo interno y para adormecer la conciencia de una comunidad internacional demasiado acostumbrada a la hipocresía de los fuertes.
Ante esta atrocidad, el silencio es complicidad. El mundo entero, y en particular los pueblos y gobiernos de América Latina y el Caribe, deben alzar una voz de repudio unánime y contundente. No se puede tolerar que la ley de la jungla reemplace al derecho internacional. Los organismos multilaterales—la ONU, la CELAC, el MNOAL, la Unión Africana—tienen el deber histórico de condenar este acto bárbaro, exigir la inmediata liberación del presidente Maduro y su esposa, y demandar el respeto irrestricto a la soberanía e integridad territorial de Venezuela. Deben recordar las amargas lecciones de Iraq y Libia: el camino de la intervención y el caos sólo conduce a más sufrimiento, inestabilidad y pérdida de vidas inocentes.
La solidaridad activa que hoy reclama Caracas no es sólo un gesto de fraternidad; es una defensa del principio más elemental de convivencia entre naciones: que ningún país tiene derecho a imponer su voluntad sobre otro mediante el terror de las bombas. El regreso de Maduro a su país y el cese de esta agresión son el mínimo que la dignidad mundial puede exigir. De lo contrario, habremos validado que el poder bruto y la codicia son la única ley, y que cualquier nación rica en recursos pero pobre en aliados poderosos está condenada a convertirse en el próximo objetivo de la piratería moderna. El legado de Simón Bolívar, el de la independencia y la soberanía, clama hoy desde cada cráter abierto por las bombas en suelo venezolano. El mundo debe escuchar.
