SEGURIDAD SOCIAL PARA TODOS
El Dr. Daniel Rivera, presidente de la Comisión de Seguridad Social del Senado, invitó al Ministro de Hacienda, José Manuel (Jochy) Vicente, a exponer en el Simposio “Reformando la Seguridad Social”. Si es verdad, como él dijo, que es un principiante en el tema, con todo respeto, al ministro habría que concederle el título del novato previsional del año, por sus acertados planteamientos:
- “La tasa de cotización del sistema de pensión en RD es una de las más bajas de la región”: Brasil, 28%, Argentina, 27%, Uruguay, 22.5%, Colombia,16.0%, El Salvador 16.0%, Costa Rica 15.4% y México 15.0%.
- “El envejecimiento pone en riesgo la sostenibilidad financiera del SDSS. Los sistemas de salud y de pensiones se enfrentan a mayores presiones y sacrificios para garantizar una cobertura adecuada y una pensión sostenible”.
- “Desde la aprobación de la Ley 87-01 la expectativa de vida ha crecido de 69 a 74 años”, elevando en cinco años el costo por pensionado, sin aumentar el aporte para el retiro, ni los años de cotización. Para el 2050 la longevidad llegará a los 80 años.
- “La informalidad laboral constituye uno de los mayores retos, ya que el 55.5 % de los trabajadores no tiene acceso a la seguridad social, ni al ahorro para su retiro. Solo el 41% de la población económicamente activa (PEA) aporta para pensión”.
- “En materia de protección social el país enfrenta grandes retos financieros estructurales”. Las tasas de cotización del 9.97% para pensión y del 10.13% para salud, no garantizan pensiones dignas ni coberturas sostenibles.
- Con un financiamiento basado en salarios reales precarios, no es posible una amplia cobertura en salud y en pensiones. “El 84.19% de los cotizantes gana menos de tres salarios mínimos, de acuerdo con la SIPEN”.
- “La evasión y elusión de las cotizaciones, especialmente en los sectores informales y de empleos independientes, debilitan la sostenibilidad, equidad y solidaridad social del sistema”.
- “La fragmentación institucional genera duplicidades y altos costos. Hace falta un fondo de solidaridad para afrontar choques económicos y demográficos”. (Este fondo existe, solo hace falta aumentarlo de acuerdo a las nuevas demandas y necesidades).
Ante tal situación, el ministro propone: 1) aumentar progresivamente la tasa de cotización con un plan consensuado; 2) ajustar gradualmente la edad de retiro y el cálculo de la pensiones siguiendo las prácticas internacionales; 3) fomentar aportes voluntarios y el micro ahorro para los trabajadores informales; 4) consolidar la administración de salud y pensiones para reducir costos y mejorar eficiencia; y 5) explorar impuestos específicos sobre los productos nocivos a la salud, para financiar parte del sistema de salud.
Además, considera que el sistema debe garantizar dignidad, inclusión, justicia generacional y sostenibilidad en el largo plazo. “Toda propuesta de reforma debe incluir una fuente de financiamiento clara y sostenible, alineada con los objetivos de estabilidad fiscal y viabilidad a largo plazo”.
Se trata de una exposición acertada, completa y sin desperdicios que debe ser tomada en cuenta. En mis 41 años de trabajo para la seguridad social en siete países de América Latina, pocas veces he escuchado a un ministro de hacienda priorizar lo social sobre lo fiscal, promoviendo la formalidad laboral por la vía de la protección social.
Dentro de 8 años, de no realizar una reforma adecuada y sostenible, más de un 1,300,000 trabajadores llegarán a la edad de retiro recibiendo una pensión tan insuficiente que afectará la gobernanza del sector. Es una bomba de tiempoque podemos y tenemos que desactivar, actuando en consecuencia, a tiempo y con visión de futuro.
La Fundación Seguridad Social Para Todos (FSSPT) ratifica su propuesta centrada en tres puntos básicos, para garantizar pensiones dignas y sostenibles para todos: 1) aumento gradual del aporte, incluyendo mayor solidaridad a favor de los afiliados con cotizaciones insuficientes; 2) extensión gradual de los años de cotización según aumenta la esperanza de vida, respetando los derechos de los mayores de 50 años; y 3) reducción porcentual de la comisión de las AFP.
