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La lucha de masas como se demostró en la Marcha Verde debe ser el camino para detener las políticas neoliberales del gobierno de Luis Abinader y el PRM         Por Julio Guzmán Acosta La propuesta de reforma fiscal presentada por el gobierno de Luis Abinader y el PRM ha generado un intenso debate en la sociedad dominicana. Sin embargo, más allá de los discursos oficiales y las justificaciones económicas, es necesario analizar quiénes son realmente los afectados por estas medidas y cómo la presión social puede convertirse en la punta de lanza contra lo que muchos consideramos una “odiosa e injusta” reforma. Desde el anuncio oficial de esta reforma, ha quedado claro que su diseño y sus implicaciones son profundamente regresivos. Casi el 80% de la carga impositiva recaerá sobre la clase media y los sectores más pobres, aquellos que ya enfrentan dificultades económicas en su día a día. Esta es una realidad que se ha discutido abiertamente en las vistas públicas, donde ciudadanos y representantes de organizaciones sociales han expresado su descontento. Las voces de la comunidad no solo son un reclamo que se escucharon en las paredes del Congreso, sino un llamado a la acción que debe ser escuchado. Los debates que se han hecho en distintos escenarios han revelado una preocupación palpable: el aumento de impuestos a los que menos tienen, en lugar de gravar adecuadamente a los sectores más privilegiados de la sociedad. Las grandes corporaciones y los bancos, que obtienen cada año ganancias multimillonarias, parecen quedar fuera de la mira de esta reforma. En lugar de buscar una mayor equidad en el sistema tributario, el gobierno opta por castigar a quienes ya están en la cuerda floja, lo que deja claro que esa reforma persigue apoyar y hacer más ricos a los dueños de las grandes fortunas en el país y de las corporaciones internacionales. La lucha en las calles han demostrado ser una herramienta poderosa en la historia de nuestro país. Las movilizaciones pacíficas, como el cacerolazo convocado por el Frente Amplio y otras organizaciones, son una manifestación clara del descontento popular. Estas acciones no son solo un acto de protesta; son una exigencia de atención y un recordatorio de que el pueblo tiene el poder de influir en las decisiones que los afectan. La presión social puede y debe ser la clave para detener esta reforma fiscal que, de implementarse, profundizaría la desigualdad y la injusticia en nuestra nación. Es fundamental que la ciudadanía se revele, permanezca unida y comprometida en esta lucha. La historia nos ha enseñado que cuando el pueblo habla, el gobierno se ve obligado a escuchar. Las calles son el escenario donde se forjan las decisiones más importantes, y es ahí donde debemos hacer valer nuestra voz. La propuesta de reforma fiscal no solo es un tema de números y estadísticas; es una cuestión de derechos, de dignidad y de justicia. El camino hacia una reforma fiscal justa y equitativa debe estar marcado por el diálogo y la inclusión. Es vital que el gobierno escuche no solo a los economistas y expertos, sino también a aquellos que se verán directamente afectados por estas políticas. La participación de la sociedad civil en el proceso de toma de decisiones es indispensable para construir un sistema que favorezca a todos y no solo a unos pocos. El desafío que enfrenta el pueblo dominicano es monumental, pero no insuperable. La lucha social debe ser la clave para detener esta reforma fiscal que amenaza con perpetuar aún más la desigualdad. Es hora de que nos unamos y hagamos valer nuestra voz, porque solo así podremos construir un futuro más justo para todos los dominicanos. Lee también:Más víctimas en nueva jornada del genocidio israelí en GazaEl ambiente en las aulasLos BRICS desafían el orden mundial y amenazan viejo orden unipolarNo a la piñata previsional (3)SOS – médicos pensionadosEl Frente Amplio y varias organizaciones políticas y sociales convocan a un cacerolazo en rechazo a …INDOTEL e Interior y Policía suscriben convenio para modernizar con internet la institución del orde…Cineastas dominicanos protestan frente al Congreso en defensa de incentivos