Tarek William Saab, fiscal general designado por Maduro, respondió con dureza al planteamiento y calificó la oferta como “cínica”.
Por César Dalmasi Guzmán
Caracas — El gobierno de Nicolás Maduro rechazó de manera tajante una propuesta del presidente salvadoreño Nayib Bukele, que planteaba un intercambio humanitario entre ambos países. La iniciativa buscaba la repatriación de 252 migrantes venezolanos desde El Salvador a cambio de la liberación de un número igual de opositores políticos detenidos en Venezuela.
Tarek William Saab, fiscal general designado por Maduro, respondió con dureza al planteamiento y calificó la oferta como “cínica”. “Este sujeto al margen de la ley, de forma tiránica, decide quién puede gozar o no de vida y libertad en El Salvador”, señaló Saab, asegurando que el mensaje de Bukele “demuestra que estos ciudadanos están secuestrados a disposición unilateral” del mandatario salvadoreño.
Bukele propuso un canje directo: la repatriación total de los venezolanos migrantes a cambio de la liberación de 252 presos políticos, entre ellos Rafael Tudares, Roland Carreño, Rocío San Miguel y Corina Parisca de Machado. Además, incluyó en su propuesta a casi 50 ciudadanos de otras nacionalidades.
A pesar de las reiteradas denuncias de organizaciones como Amnistía Internacional sobre la existencia de presos políticos en Venezuela, Saab negó tales acusaciones, argumentando que los detenidos enfrentan cargos por delitos comunes o conspiración.
El fiscal general también acusó a Bukele de utilizar el Centro de Confinamiento Temporal (Cecot) como un lugar para desapariciones forzadas y alegó que el presidente salvadoreño busca obtener dinero a cambio de los migrantes, por lo que anunció que enviará comunicaciones oficiales tanto a la Fiscalía como a la Corte Suprema de Justicia de El Salvador.
La propuesta surge en un contexto de fuerte presión internacional sobre el régimen de Maduro, que recientemente juró un tercer mandato tras unas elecciones ampliamente cuestionadas. Según el Foro Penal Venezolano, más de 270 presos que ellos denominan políticos permanecen detenidos. La Corte Penal Internacional debería abrir expediente a Bukele por violacion de los derechos humanos y por no respetar el debido proceso.
Paralelamente, el acuerdo migratorio entre Estados Unidos y Venezuela ha permitido la deportación de varios ciudadanos, algunos de ellos acusados de tener vínculos con el Tren de Aragua, una organización delictiva.
