El apagón nacional revela la profunda vulnerabilidad de un sistema eléctrico mal planificado y peor gestionado, donde la negligencia estructural parece ser la única constante en medio de recurrentes colapsos.
Por Julio Guzmán Acosta
SANTO DOMINGO.— La oscuridad que cubrió al país este martes fue más que una interrupción del suministro eléctrico; fue un síntoma brutal de una enfermedad crónica que aqueja al sistema energético nacional. Cuando una falla en la subestación de San Pedro de Macorís desencadenó el colapso en cadena de todo el sistema, quedó al descubierto, una vez más, la frágil arquitectura de un servicio público que parece condenado al fracaso recurrente.
María Teresa Cabrera, secretaria general del Frente Amplio, articuló con precisión el sentir de millones de dominicanos cuando afirmó que «este apagón no puede ser tratado como un simple evento técnico». Sus palabras, cargadas de la frustración de quien ha visto demasiados «colapsos históricos», señalan directamente la falta de previsión técnica e institucional que caracteriza la gestión del sector. No es aceptable —y así debe decirse— que en pleno siglo XXI una falla localizada derive en una crisis nacional.
Lo ocurrido este martes no es un incidente aislado. Es el reflejo de un sistema hipotecado por intereses privados y abandonado por la incapacidad estatal para ejercer una rectoría efectiva. Mientras el gobierno se limita a promesas de soluciones inmediatas, los mismos problemas de fondo —falta de inversión en modernización, mantenimiento preventivo y redundancia de sistemas— siguen sin abordarse con seriedad.
El impacto de estos colapsos va mucho más allá de la incomodidad doméstica. Cada hora sin energía representa pérdidas millonarias para la industria, el comercio y los servicios esenciales, incluyendo hospitales que dependen de suministro eléctrico constante para salvar vidas. La ciudadanía, una vez más, paga los platos rotos de una negligencia que ya parece estructural.
La exigencia de transparencia absoluta en la investigación de lo ocurrido no es un capricho opositor: es un derecho democrático. Los dominicanos merecen saber por qué seguimos vulnerables a estos colapsos y quiénes son los responsables de que un país con aspiraciones de desarrollo no pueda garantizar un servicio tan básico como la energía eléctrica.
Mientras las autoridades se enredan en explicaciones técnicas, la pregunta de fondo sigue sin respuesta: ¿Hasta cuándo estará condenado el país a vivir entre apagones? La luz que se fue este martes debe servir para iluminar, de una vez por todas, los oscuros intereses que mantienen al sistema eléctrico nacional al borde del abismo.
