San Juan, 21 ene (Prensa Latina) Como “escandalosas” describió el excandidato a la gobernación de Puerto Rico por la Alianza de País, Juan Dalmau Ramírez, las primeras acciones de la gobernadora Jenniffer González, del anexionista Partido Nuevo Progresista (PNP).
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“Son preocupantes, alarmantes y escandalosas las acciones que ha tomado el gobierno de Jenniffer González mediante órdenes ejecutivas y acciones de sus jefes de agencia dijo el político.
Dalmau Ramírez, Secretario General del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), destacó que “aquellos que se jactaban durante la campaña de combatir gobiernos autoritarios y dictatoriales, precisamente han asumido una actitud de gobernar por decreto aún actuando en contra de disposiciones constitucionales y de ley”.
Se refirió en particular a la orden administrativa emitida por el designado secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Waldemar Quiles Pérez, para archivar los casos relacionados con construcciones ilegales en el sector La Parguera, en Lajas (suroeste), además de las primeras órdenes ejecutivas de la gobernadora González.
A horas de su designación —el pasado 9 de enero—, el funcionario firmó una orden administrativa dirigida a detener la investigación que el DRNA realizaba contra los suegros de la mandataria por construcción ilegal y daños en la reserva natural.
El funcionario ha sostenido que la directriz para establecer el cobro de derechos cada cinco años para el uso de terrenos y aguas de dominio público en La Parguera fue redactada y preparada por la administración saliente de Pedro R. Pierluisi, lo que ha pretendido validar González.
“En cuanto a lo que nos corresponde como colectividad, al igual que a los legisladores del PIP, vamos a fiscalizar”, manifestó Dalmau Ramírez, a la vez que repudió la directriz emitida por el presidente de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Luis A. Ferrao, paralizando la admisión a 64 programas de académicos.
Para el dirigente independentista hay un esfuerzo del gobierno de redirigir la atención pública para no ser evaluado por su falta de ejecución o su mala ejecución.
Dalmau Ramírez cuestionó la constitucionalidad de la orden ejecutiva emitida por la gobernadora que obliga a los funcionarios del gobierno a promover la anexión para Puerto Rico, desde las agencias públicas, mediante viajes, reuniones y alianzas con sectores federales.
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