En una jornada cargada de simbolismo diplomático, la Asamblea General de la ONU volvió a alzar su voz contra lo que las naciones soberanas califican de política ilegal e inhumana. Con 165 votos a favor y apenas 7 en contra, el mundo reafirmó su rechazo al cerco estadounidense, desafiando una campaña de presión sin precedentes y subrayando el aislamiento creciente de Washington en el escenario global.
Por Virtudes Álvarez Sampedro
NACIONES UNIDAS.— Como un ritual de condena que se repite con la persistencia de las mareas, la Asamblea General de las Naciones Unidas volvió a clamar al cielo. Por trigésima tercera vez consecutiva, el concierto de naciones soberanas elevó su voz para exigir el fin de un bloqueo económico, comercial y financiero que, con más de seis décadas de imposición, se ha convertido en el episodio de sanciones más longevo de la historia moderna. La resolución, presentada por Cuba, obtuvo 165 votos a favor, 7 en contra y 12 abstenciones, en una jornada marcada por la renovada coacción estadounidense y el debate sobre el impacto de un cerco que la mayoría considera ilegal y criminal.
El resultado, no obstante, mostró las grietas abiertas por una campaña de presión político-diplomática orquestada desde Washington. El respaldo global sufrió un ligero retroceso: algunos países latinoamericanos y europeos, que tradicionalmente se alineaban con La Habana, modificaron su postura. Argentina, Paraguay, Hungría, Macedonia del Norte y Ucrania se sumaron a Estados Unidos e Israel en el voto negativo, mientras una docena de naciones optó por la abstención. Pese a estas deserciones, la abrumadora mayoría del Sur Global —África, Asia y el Caribe— se mantuvo firme, insistiendo en que el bloqueo “contraviene los principios de igualdad soberana y no injerencia” consagrados en la Carta de la ONU.
Desde el púlpito de la sede neoyorquina, el Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, denunció con tono grave el carácter “extraterritorial e ilegal” de una política que calificó de “castigo colectivo”. “Se aplica con fría premeditación sobre millones de personas”, afirmó, revelando que el gobierno estadounidense desplegó una inusual ofensiva para torcer voluntades. “Algunos países recibieron llamadas directas del Departamento de Estado en los días previos a esta sesión”, acusó, en alusión a las tácticas de coerción que antecedieron al sufragio.
La sesión estuvo marcada por la tensión diplomática. La delegación de Estados Unidos, que no contó con la presencia de su embajador permanente, Mike Waltz, protagonizó un episodio de rara agresividad. La intervención del representante estadounidense, descrita por varios observadores como “inusualmente grosera y calumniosa”, obligó a la presidencia a llamarlo al orden. Sobre sus palabras, Rodríguez sentenció con desdén: “No solo miente, sino que ofende con su grosería e incultura”.
El bloqueo, iniciado formalmente en 1960 y reforzado con leyes como la Helms-Burton de 1996, ha supuesto para la isla pérdidas acumuladas superiores a los 160.000 millones de dólares, según cálculos oficiales. Sectores vitales como la salud, la energía y la alimentación sufren sus efectos asfixiantes, diseñados —en opinión de analistas— para generar descontento social y forzar un cambio de régimen.
Sin embargo, este consenso moral anual carece de consecuencias prácticas. A diferencia de las resoluciones del Consejo de Seguridad, las de la Asamblea General no son vinculantes. Estados Unidos, pues, no tiene obligación legal de acatarlas, y de hecho ha ignorado sistemáticamente todas las condenas previas. No obstante, cada octubre, este ejercicio democrático global se convierte en un termómetro de la legitimidad internacional. Y el veredicto de 2025 vuelve a ser claro: Washington se encuentra cada vez más solo, aislado en su empeño de mantener una política que el mundo, casi unánimemente, juzga como un relicto de la Guerra Fría y un baldón para la dignidad de los pueblos.
