Las declaraciones del senador Mike Lee confirman que la captura del mandatario venezolano por «personal estadounidense» busca someterlo a un proceso judicial en suelo norteamericano, descartando nuevas acciones militares inmediatas.
Por Brendalis Reyes
WASHINGTON, sábado.— En una revelación que añade un cariz judicial a la dramática intervención militar, el senador republicano Mike Lee afirmó este sábado que el secretario de Estado, Marco Rubio, le informó que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha sido arrestado por personal estadounidense y será sometido a un juicio penal en los Estados Unidos. Según Lee, Rubio aseguró que las operaciones militares ejecutadas en la madrugada contra objetivos en Caracas tuvieron como único propósito «proteger y defender a aquellos que ejecutaban la orden de arresto».
La declaración, difundida por el senador Lee en la red social X, constituye la primera explicación oficial—aunque indirecta—sobre el marco legal que la administración Trump alega para justificar una acción de tal magnitud en territorio soberano. «Me ha informado de que Nicolás Maduro ha sido arrestado por personal estadounidense para enfrentarse a un juicio por cargos penales en los Estados Unidos», escribió Lee, tras una conversación telefónica con el secretario de Estado.
El senador Utah agregó un dato crucial para la tensa calma que sigue a los bombardeos: Rubio le habría asegurado que «no anticipa nuevas acciones (militares) en Venezuela ahora que Maduro está bajo custodia». Esta afirmación busca, aparentemente, contener las expectativas de una escalada bélica abierta, aunque deja abierta la puerta a otras formas de presión.
El argumento constitucional: una justificación en disputa
En su mensaje, el senador Lee intentó encuadrar la operación dentro de los poderes ejecutivos del presidente Trump, arguyendo que este modo de actuar cae bajo la autoridad constitucional para «proteger a personal estadounidense de ataques inminentes». No obstante, este argumento choca frontalmente con la disposición de la Constitución de los Estados Unidos que reserva al Congreso —y no al presidente— el poder de declarar la guerra a otra nación, un punto que sin duda generará un agudo debate jurídico y político en los próximos días.
Las palabras de Lee sirven de complemento y justificación al anuncio inicial realizado por el presidente Trump en Truth Social, donde proclamó el «éxito» de un «ataque a gran escala» que resultó en la captura y traslado aéreo fuera de Venezuela de Maduro y su esposa, Cilia Flores. Trump prometió ofrecer más detalles en una conferencia de prensa desde su residencia en Mar-a-Lago, Florida, a las 11:00 a.m. hora local (16:00 GMT).
De la incertidumbre al proceso: la ruta que se anuncia
Mientras la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, sigue exigiendo una «prueba de vida» del mandatario capturado, las declaraciones del senador Lee trasladan el foco de la incertidumbre sobre su paradero a la cuestión de su futuro legal. La afirmación de que enfrentará un juicio penal en Estados Unidos supone la materialización de una larga lista de acusaciones federales en su contra, que incluyen narcotráerrorismo y corrupción.
La operación, según Trump, fue realizada «en conjunción con las fuerzas del orden de Estados Unidos», un detalle que busca darle un barniz de procedimiento legal a una incursión militar. Sin embargo, la extracción forzosa de un jefe de Estado de su país para ser juzgado en los tribunales de otra potencia establece un precedente de alcance histórico y de dudosa legalidad internacional.
El hemisferio se encuentra ahora ante un escenario inédito: la captura militar de un presidente y su anunciado enjuiciamiento en el país que ordenó su aprehensión. Lo que sigue es un capítulo que se escribirá entre tribunales, cancillerías y, probablemente, en el Consejo de Seguridad de la ONU.
