El Partido de la Liberación Dominicana (PLD), ha levantado su voz para denunciar lo que considera una persecución política tras la reciente condena a Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina. Sin embargo, en su defensa apasionada, la organización política parece olvidar que durante sus veinte años en el poder, la corrupción se instaló en el Estado como un invitado permanente.
La historia reciente del país está marcada por los escándalos que salpicaron a numerosos funcionarios del PLD, muchos de los cuales llegaron al gobierno con modestos recursos y terminaron sus mandatos con fortunas inexplicables. Urbanizaciones lujosas, vehículos de alta gama y cuentas en el exterior se convirtieron en el patrimonio común de una clase política que, en teoría, debía servir al pueblo.
El modus operandi fue variado pero constante: sociedades creadas expresamente para facturar al Estado, obras públicas con sobreprecios escandalosos, contratos adjudicados a dedo y un sistema de influencias que permitía monetizar cualquier gestión gubernamental. El caso de Alexis Medina, condenado por crear una red de empresas para beneficiarse de contratos estatales, parece más bien la punta visible de un iceberg de irregularidades.
Resulta llamativo que el PLD, en su comunicado oficial, no haya hecho ninguna autocrítica sobre este periodo. Tampoco ha explicado cómo cuadran los patrimonios actuales de muchos de sus dirigentes con los salarios que percibieron como servidores públicos. La justicia dominicana, que durante años pareció mirar hacia otro lado, ahora comienza a pedir cuentas.
Más allá de las acusaciones de lawfare o persecución política, lo cierto es que el país asiste a un momento de rendición de cuentas. La condena a Alexis Medina no cierra el capítulo, sino que abre uno nuevo en el que la sociedad dominicana espera que todos los responsables, sin excepción, respondan por sus actos.
El PLD tiene derecho a defenderse, pero la ciudadanía tiene aún más derecho a saber la verdad sobre lo ocurrido durante dos décadas en las que el Estado pareció convertirse en botín de unos pocos. La justicia, aunque tardía, debe seguir su curso. Porque como bien dice el refrán popular: «No hay atajo sin trabajo, ni fortuna sin razón».
