¿Es la fuerza estatal un escudo protector o una espada sin control? El creciente número de abatidos por la policía dominicana exige una pausa reflexiva sobre el delgado umbral entre el orden y la arbitrariedad.
Por Julio Guzmán Acosta
SANTO DOMINGO.— Las cifras, esos testimonios mudos de la realidad, hablan con elocuencia sombría: ciento setenta ciudadanos han perdido la vida en lo que va del año bajo el rótulo oficial de “acciones legales” de la Policía Nacional. Una cifra que, al compararse con los ciento cincuenta y dos registrados en igual período del año anterior, no solo evidencia un aumento de dieciocho muertes, sino que traza una línea ascendente de violencia institucional que clama al cielo y estremece la conciencia cívica.
La frialdad de los números mensuales —veintisiete en mayo, veintiséis en abril, veinticinco en agosto— oculta tras de sí dramas humanos irreparables. Historias truncadas, familias sumidas en el duelo y una sociedad que, desde distintos ámbitos, comienza a interrogar con creciente desasosiego los protocolos que rigen el uso de la fuerza letal. La institución policial, garante primordial del orden público, se encuentra hoy en el banquillo de la reflexión nacional, compelida a demostrar que su poder no yerra en el abismo de la arbitrariedad.
El episodio reciente de Santiago de los Caballeros, donde cinco hombres —Elvis Antonio Jiménez Rodríguez, Julio Alberto Gómez, José Vladimir Valerio Estévez, Edward Bernardo Peña Rodríguez y Carlos Enrique Guzmán Navarro— cayeron abatidos en un operativo en La Barranquita, encapsula la urgencia de este debate. Mientras las autoridades presentan el caso como una confrontación con una red criminal, los familiares de Valerio Estévez, peluquero de oficio, esbozan un relato distinto: el de un hombre que, en el momento de los hechos, atendía a un cliente en su modesto puesto de trabajo. Esta dualidad de versiones —la oficial y la civil— revela el peligroso precipicio que existe entre la acción legítima y la sombra de la ejecución extrajudicial.
Frente a la creciente alarma social, el propio director de la Policía, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, ha anunciado la apertura de una investigación. Sus palabras, admitiendo la posibilidad de “excesos” y prometiendo que los agentes involucrados “deberán responder ante la justicia” en tal caso, constituyen un reconocimiento tácito de que el sistema requiere escrutinio. No obstante, en un país donde la institución policial ha sido históricamente refugio de elementos delincuenciales, la promesa de investigar después de matar suscita más escepticismo que tranquilidad.
La sociedad dominicana se halla así ante una encrucijada fundamental: anhela la seguridad que solo un cuerpo policial eficaz puede proporcionar, pero rechaza con firmeza que dicha seguridad se construya sobre el frágil cadáver del debido proceso. El verdadero desafío no reside únicamente en desarticular bandas criminales, sino en demostrar, con transparencia irreprochable, que cada vida tomada fue una pérdida inevitable y no un atajo institucional. El equilibrio entre el orden y la libertad es la piedra angular sobre la cual se edifica la grandeza de una nación.
