Por Julio Guzmán Acosta
En un acto que raya en lo absurdo y lo ofensivo, el empresariado dominicano ha presentado una propuesta de aumento salarial que, lejos de ser una solución, es una burla descarada a la clase trabajadora del país. Hablar de un mísero 10% de aumento al salario mínimo, en un contexto donde los trabajadores y sus familias enfrentan condiciones de vida cada vez más precarias, no solo es insuficiente, sino que refleja el profundo desprecio que los sectores empresariales tienen hacia quienes son, en última instancia, los verdaderos motores de la economía nacional.
Mientras los trabajadores dominicanos luchan por cubrir necesidades básicas como alimentación, vivienda, salud y educación, los grandes empresarios continúan enriqueciéndose a costa de su esfuerzo. Cada año, las cifras de ganancias de las principales empresas del país se cuentan por miles de millones de pesos, mientras los salarios de los trabajadores se estancan en niveles que apenas les permiten sobrevivir. Esta desigualdad no solo es injusta, sino que es un obstáculo para el desarrollo del país y la dignificación de las condiciones de vida de la mayoría de los dominicanos.
Un aumento ridículo en un contexto regional alarmante
La propuesta del 10% es, además, una afrenta cuando se analiza el ranking salarial de los países de la región. Según datos recientes, República Dominicana se encuentra entre los países con los salarios mínimos más bajos de América Latina y el Caribe. Países como Costa Rica, Uruguay, Chile, Ecuador México y Guatemala tienen salarios mínimos que duplican e incluso triplican el nuestro, ocupando la República Dominicana el puesto nuçúmero 13 de 17 consultados en la región.
En este contexto, proponer un aumento del 10% no solo es insuficiente, sino que perpetúa la brecha salarial que nos coloca en una posición de desventaja frente a nuestros vecinos regionales. Los trabajadores dominicanos merecen un salario que les permita vivir con dignidad, no apenas sobrevivir.
La respuesta debe ser contundente
Frente a esta propuesta ridícula, los trabajadores en sentido general y los líderes sindicales en particular deben dar una respuesta contundente. No podemos permitir que se siga menospreciando el valor del trabajo y la contribución de los trabajadores al crecimiento económico del país. Es hora de exigir, como mínimo, un aumento del 37% al salario mínimo, un porcentaje que, aunque no resuelva todos los problemas, sería un paso importante hacia la justicia salarial.
Este aumento no es una demanda caprichosa, sino una necesidad urgente. Con el alza constante en los precios de los alimentos, el transporte, la energía y otros servicios básicos, los trabajadores necesitan un salario que les permita cubrir sus necesidades sin tener que recurrir a endeudamientos o sacrificios extremos.
El gobierno de Abinader debe actuar
En este escenario, el gobierno del presidente Luis Abinader tiene un papel crucial que desempeñar. No puede limitarse a ser un mero espectador en esta discusión, sino que debe actuar como mediador y garante de los derechos de los trabajadores. El gobierno tiene la responsabilidad de velar por el bienestar de la población y de asegurar que el crecimiento económico del país se traduzca en mejoras concretas para la mayoría de los ciudadanos.
Abinader y su equipo deben presionar al empresariado para que asuma su responsabilidad social y reconozca el valor del trabajo de los dominicanos. Un aumento salarial justo no solo beneficiaría a los trabajadores, sino que también impulsaría la economía al aumentar el poder adquisitivo de la población y dinamizar el consumo interno.
Conclusión
La propuesta del empresariado dominicano de aumentar el salario mínimo en un 10% es una ofensa a la inteligencia y a la dignidad de los trabajadores. Refleja una mentalidad obsoleta y egoísta que prioriza las ganancias de unos pocos sobre el bienestar de la mayoría. Los trabajadores y sus representantes deben unirse para exigir un aumento del 37%, un porcentaje que, aunque insuficiente, sería un paso hacia la justicia salarial.
El gobierno de Luis Abinader no puede permanecer indiferente ante esta situación. Debe actuar con firmeza y decisión para garantizar que los trabajadores dominicanos reciban un salario digno, acorde con su contribución al desarrollo del país. Solo así podremos construir una sociedad más justa y equitativa, donde el crecimiento económico beneficie a todos y no solo a una minoría privilegiada.
La dignidad de los trabajadores no es negociable. Es hora de que el empresariado dominicano entienda que, sin trabajadores bien remunerados, no hay desarrollo posible. Y es hora de que el gobierno actúe en consecuencia.
