La reciente injerencia del presidente Donald Trump en el proceso electoral hondureño ha reabierto el debate sobre el uso político del narcotráfico en la agenda exterior de Estados Unidos. El mandatario no solo pidió públicamente el voto para el candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura, sino que además anunció su disposición a considerar un indulto para el expresidente Juan Orlando Hernández (JOH), condenado en tribunales estadounidenses a 45 años de prisión por delitos de narcotráfico.
El gesto no pasó desapercibido. Según denunció la candidata Rixi Moncada, el indulto fue promovido por sectores poderosos del país: el bipartidismo tradicional y las “10 familias y 25 grupos económicos” que concentran cerca del 80 % del Producto Interno Bruto de Honduras. La solicitud, según Moncada, surge ante el deterioro electoral de sus dos figuras más visibles: Asfura y Salvador Nasralla.
El eventual perdón a Hernández contrasta con la retórica habitual de Trump en materia de seguridad hemisférica. Mientras ha insistido en acusar a Venezuela de ser un “narcoterrorismo” y ha llegado a plantear acciones militares bajo ese argumento, ahora se muestra dispuesto a suavizar la situación judicial de un exmandatario hondureño sentenciado por su responsabilidad directa en el tráfico de cocaína hacia territorio estadounidense.
La contradicción pone de relieve un patrón histórico: Washington utiliza el narcotráfico como herramienta política, ajustando su discurso según la conveniencia estratégica del momento. Cuando se trata de gobiernos que desafían su influencia, el señalamiento es inmediato y acompañado de sanciones. Cuando se trata de aliados, incluso aquellos involucrados en redes criminales, la respuesta puede ser indulgente.
El caso JOH no es un episodio aislado, sino una señal de cómo se gestionan las alianzas políticas en Centroamérica. Mientras la justicia de Estados Unidos lo define como un actor clave en el tráfico de drogas, una parte de la élite hondureña apuesta por su rehabilitación con apoyo de la Casa Blanca. La contradicción resulta evidente: se condena el narcotráfico cuando sirve para presionar a un adversario, pero se relativiza cuando afecta a un aliado político.
Este doble estándar erosiona la credibilidad de la política antidrogas estadounidense y deja al descubierto que, más que un compromiso contra el crimen organizado existe un uso selectivo y geopolítico de la lucha contra las drogas. El indulto solicitado para Hernández —y considerado por Trump— es una muestra de esa lógica.
En momentos en que Honduras busca recuperar su institucionalidad y su democracia, la interferencia externa y las señales contradictorias desde Washington solo añaden tensión a un escenario ya marcado por la polarización y la desconfianza ciudadana. Un manejo coherente del tema del narcotráfico, basado en principios y no en conveniencias, es indispensable para cualquier intento serio de estabilidad en la región.
