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Miguel Mejía, quien se encuentra en Brasil, expresó a medios de prensa locales vía telefónica que República Dominicana violentó el derecho internacional al facilitar a Washington la aeronave del presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro, después de tenerla «secuestrada» en el aeropuerto El Higüero.
Manifestó que su confiscación obedece a la persecución política de la que es víctima el gobierno del país sudamericano.
Indicó que las autoridades nacionales se contradicen, al referir que no formaron parte de la investigación al avión Dassault Falcon 900EX, el cual fue trasladado a Florida el pasado lunes, y aseguró que «en esa acción actuaron básicamente dos funcionarios del Gobierno (dominicano)», en busca de beneficios personales.
El dirigente de izquierda afirmó que no se han presentado evidencias sobre las supuestas actividades ilícitas realizadas con ese avión, argumento utilizado por Washington para su confiscación.
Anoche el canciller dominicano, Roberto Álvarez, dijo que el 22 de mayo el Ministerio Público obtuvo una orden judicial emitida por un Tribunal Nacional para «inmovilizar» el avión a solicitud de Estados Unidos, en busca de «pruebas y objetos relacionados con actividades de fraude y contrabando de mercancías para actividades ilícitas».
Ante la confiscación del artefacto, Caracas acusó a Washington de usar su poderío económico y militar para amedrentar y presionar a países como República Dominicana, para que sirvan de cómplices en sus actos delincuenciales.
El incidente es calificado por Venezuela como una acción «criminal» y de «piratería».
Las autoridades de ese nación vincularon esta medida con una serie de acciones hostiles que se intensificaron desde la reelección de Nicolás Maduro el pasado 28 de julio.
