Por Danilo Minaya
La reciente propuesta de trasladar la Dirección General de Pasaportes (DGP) al ensanche Naco, ha suscitado preocupación y debate, con énfasis en el impacto que esta decisión tendrá sobre la ya congestionada movilidad en el Distrito Nacional.
Sin embargo, limitar el análisis a la problemática del tráfico vehicular es reducir una cuestión estructural de mayor envergadura; el crecimiento desordenado de Santo Domingo, impulsado por un modelo de desarrollo urbano sin una planificación territorial y guiado por intereses del mercado inmobiliario antes que priorizar el bienestar y la calidad de vida de sus habitantes.
Santo Domingo ha experimentado un crecimiento basado en un modelo de urbanización que responde más a la especulación del mercado que a una planificación estratégica. La centralización de servicios, la migración forzada vinculada a factores socioeconómicos, incrementan la concentración en el casco urbano, generando un aumento en la densidad poblacional y sobrecarga en la infraestructura vial e instalaciones, deteriorando la calidad de vida de sus ciudadanos y el acceso equitativo a los servicios públicos.
En lugar de promover un desarrollo urbano equilibrado, las decisiones gubernamentales han reforzado una dinámica donde la sociedad de consumo y las necesidades del mercado se imponen sobre el derecho de la ciudadanía a habitar una ciudad ordenada y sostenible.
Más allá del tráfico, la movilidad urbana es un problema que no puede abordarse de manera aislada, es necesaria una visión integral de ciudad, con una planificación estratégica que considere la descentralización de los servicios públicos, la diversificación de polos de desarrollo y la incorporación de criterios de sostenibilidad ambiental.
Considerar no solo el flujo vehicular, sino también la calidad del espacio público y el derecho de las personas a vivir en una ciudad ordenada e inclusiva.
Es imperativo que las autoridades reconsideren esta y futuras decisiones bajo una perspectiva que garantice una planificación territorial coherente con los principios de equidad social. La instalación de nuevas infraestructuras y entidades gubernamentales en zonas densamente pobladas, debe considerar criterios de planificación territorial que contemplen el impacto en el tránsito, el acceso a los servicios y la sostenibilidad del entorno. El traslado de la DGP al Ensanche Naco ejemplifica la falta de visión estratégica en la gestión del territorio.
Urge una transformación en la forma en que se gestiona el crecimiento de Santo Domingo. No basta con atender los efectos del tráfico; es necesario replantear el modelo de ciudad que queremos construir. Las decisiones sobre infraestructuras y servicios públicos deben partir de estudios técnicos rigurosos, con una participación ciudadana efectiva y un compromiso real con la planificación urbana. Solo así se podrá garantizar una ciudad más habitable, accesible y sostenible para todos.
