Umbral

CARD condena represión policial durante manifestación en Friusa y exige respeto a derechos constitucionales

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Trajano Vidal Potentini, Presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana.

Por Theo N. Guzmán

Santo Domingo, 31 de marzo 2025.7– El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), bajo la presidencia del doctor Trajano Vidal Potentini, condenó enérgicamente la actuación de la Policía Nacional durante una protesta pacífica en Friusa, provincia La Altagracia, donde agentes emplearon fuerza excesiva contra manifestantes.

En un comunicado, el gremio calificó como «inaceptable» el operativo policial, señalando que, en lugar de garantizar la seguridad y el derecho a la protesta, las autoridades respondieron con violencia. «Rechazamos todo tipo de represión y abuso de poder contra ciudadanos que, amparados en la Constitución, se expresaban pacíficamente», declaró Potentini.

Libertad de expresión vs. versión policial

El CARD recordó que la Constitución dominicana protege el derecho a la libre expresión, reunión y manifestación, y advirtió que en un Estado democrático «no caben actitudes represivas ni criminalización del disenso».

Sin embargo, fuentes policiales aseguraron que los enfrentamientos fueron provocados por «personas encapuchadas» que agredieron a los agentes. Aún así, el Colegio de Abogados exigió una investigación independiente y llamó a las autoridades a «actuar con prudencia», ajustándose a protocolos internacionales sobre el uso proporcional de la fuerza.

Llamado al diálogo y al Estado de Derecho
Potentini reiteró el compromiso del CARD con los derechos humanos y las libertades públicas, instando al Estado a «garantizar que los ciudadanos ejerzan sus derechos sin temor a represalias». Además, subrayó la importancia del diálogo como mecanismo para resolver conflictos sociales.

El caso reaviva el debate sobre el manejo de las protestas en el país, en medio de reclamos sociales y tensiones migratorias en zonas como La Altagracia. Mientras organizaciones civiles exigen accountability, las autoridades insisten en que actuarán contra «grupos violentos» que alteren el orden público.

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