El Gobierno propone impuestos estrictos, distancias de seguridad y sanciones penales para casinos, bancas deportivas y apuestas en línea, con un enfoque en control tecnológico y salud pública.
Por Virtudes Álvarez Sampedro
En una jugada legislativa sin precedentes, el presidente Luis Abinader sometió un proyecto de ley que busca regular con mano firme el multimillonario negocio de los juegos de azar en República Dominicana, desde los casinos hasta las apuestas en línea. La iniciativa, enviada al Senado, impone impuestos escalonados, restricciones geográficas y advertencias sanitarias, mientras sienta las bases para un cobro digital centralizado.
Casinos bajo lupa
Los casinos solo operarán en hoteles de cuatro estrellas o más, pagando entre 55,853 y 85,927 pesos por mesa, según su tamaño. Las máquinas tragamonedas tributarán el 5% de ventas brutas, con un cargo transitorio de 14,000 pesos mensuales hasta que la Dirección General de Juegos de Azar (DGJA) implemente una plataforma tecnológica.
Bancas deportivas: control territorial
Ubicadas a 500 metros de escuelas e iglesias, las bancas enfrentarán tarifas diferenciadas: 386,673 pesos anuales en zonas metropolitanas y 257,782 en el interior. Quienes incumplan las normas —como instalar máquinas en colmados— arriesgan multas de hasta 400 salarios mínimos y penas de 6 meses a 10 años de prisión, bajo la Ley de Lavado de Activos.
Apuestas en línea: el gran desafío
Los juegos virtuales pagarán un 10% de impuesto mensual, aunque temporalmente las empresas desembolsarán 5 millones de pesos al mes. El Estado bloqueará dominios de plataformas que evadan el pago. Además, se prohibirá la participación de menores y se almacenarán todas las transacciones en un Sistema Único de Registro.
Salud pública en la mira
Inspirado en las advertencias antitabaco, el proyecto exige que todos los locales exhiban: Jugar compulsivamente afecta tu salud. También vetará licencias a implicados en fraude, lavado de dinero o narcotráfico en los últimos cuatro años.
¿Por qué ahora?
En su exposición de motivos, Abinader destacó la urgencia de modernizar un sector que mueve miles de millones, pero opera con vacíos legales. Buscamos proteger a los usuarios, especialmente a los jóvenes, y garantizar transparencia fiscal, subrayó. El Senado, tras recibir el texto, lo derivó a comisión para su análisis.
Mientras el país debate si esta apuesta normativa reducirá los riesgos del azar o generará fricciones con la industria, una cosa es clara: el Gobierno no quiere dejar nada al azar.
