Cuando se menciona el “viejo modelo carcelario” en la República Dominicana, se corre el riesgo de caer en la trampa de pensar que se trata de una situación marginal, un remanente de prácticas obsoletas que ya no tienen cabida en la sociedad moderna. Sin embargo, la cruda realidad es que este modelo retrógrado sigue predominando en nuestro sistema penitenciario. De los 35 centros de reclusión en el país, 23 continúan operando bajo condiciones que son, en el mejor de los casos, inhumanas. Esta situación no solo es un reflejo de la falta de progreso en la administración de justicia, sino un claro incumplimiento de los derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución.
Los datos son alarmantes: más de 14 mil personas se encuentran recluidas en lo que puede describirse como un auténtico infierno carcelario. No estamos abogando por que los convictos sean alojados en lujosas celdas, donde las únicas privaciones sean la libertad de movimiento y la vida social. Pero tampoco podemos permitir que nuestras cárceles sean auténticas pocilgas, como han señalado tanto familiares de reclusos como el Defensor del Pueblo. Esta brutal realidad contraviene el derecho a la dignidad, consagrado en el artículo 38 de nuestra Constitución, y el principio de presunción de inocencia, especialmente en el caso del 52% de la población carcelaria que se encuentra en prisión preventiva, un hecho que debería avergonzar a toda la sociedad.
Es hora de que la opinión pública tome conciencia de la magnitud de esta crisis. En un país donde a menudo se alzan voces en defensa de los derechos civiles y políticos, resulta incomprensible que la situación de los reclusos no genere la misma indignación. La reinserción social de las personas privadas de libertad solo es posible a través de un proceso sostenido de educación y rehabilitación. Ignorar esta realidad es seguir alimentando un ciclo de violencia y desesperanza que, evidentemente, no es efectivo.
Desde Umbral.com.do, hacemos un llamado a las autoridades competentes para que se tomen medidas urgentes y efectivas que transformen el sistema penitenciario dominicano. La reforma debe ser integral y enfocarse en la dignidad de las personas, en lugar de perpetuar un modelo que solo genera sufrimiento y marginación. La sociedad merece un sistema de justicia que no solo castigue, sino que también eduque y rehabilite. La verdadera justicia no se mide solo por la retribución, sino por la capacidad de reintegrar a los individuos a la sociedad de manera digna y constructiva. Es hora de que el país despierte a esta realidad y actúe en consecuencia.
