• El consultor lo dejó claro sobre una posible violación de la Ley 247-12, sobre la Administración Pública
Por Servicios Umbral.com.do
Santo Domingo – La reciente designación de Carlos Pimentel como director de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas (DGAPP) ha suscitado un acalorado debate en el ámbito político y administrativo del país, luego de que el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, emitiera un comunicado advirtiendo sobre las implicaciones legales y éticas de esta decisión. La advertencia, fechada el 3 de octubre y dirigida al presidente Luis Abinader, plantea serios cuestionamientos sobre la posibilidad de un conflicto de intereses al acumular Pimentel ambos cargos: el de director de Compras y Contrataciones Públicas (DGCP) y el de la DGAPP.
Peralta, con un profundo conocimiento del marco legal que rige las alianzas público-privadas y las contrataciones estatales, recordó que, aunque la ley permite que un mismo funcionario dirija dos instituciones, la dualidad de funciones en este caso podría comprometer la objetividad y la independencia necesarias en la toma de decisiones. En su comunicación, enfatizó que el artículo 12 de la Ley 47-20, que regula las alianzas público-privadas, establece que el director de Contrataciones tiene voz y voto en el Consejo, mientras que el director de la DGAPP solo tiene voz. Esto significa que una misma persona, al ocupar ambos cargos, podría influir indebidamente en las decisiones del Consejo, afectando la transparencia de los procesos de adjudicación.
Peralta no se detuvo ahí; también citó la Ley 340-06, que establece que la DGCP supervisa las compras del Estado, incluyendo aquellas de la DGAPP. La potencial fusión de estas funciones podría dar lugar a situaciones donde el director supervise los mismos procesos que él mismo ejecuta, lo que atenta contra el principio de imparcialidad que debe regir en la gestión pública. “La rendición de cuentas y la confianza en la transparencia del sistema podrían verse gravemente debilitadas”, advirtió Peralta, subrayando la importancia de la separación de funciones en la administración pública.
A pesar de estas advertencias, el presidente Abinader firmó el decreto 614-24 el 23 de octubre, oficializando la designación de Pimentel. En este decreto, el mandatario le asignó la tarea de presentar, en un plazo de 12 meses, una propuesta para la readecuación estructural y normativa de ambas entidades, buscando optimizar los procesos y garantizar la eficacia y transparencia en las contrataciones públicas. Sin embargo, la decisión ha sido recibida con críticas por parte de diversos sectores que ven en ella una contradicción con los principios de buena gobernanza.
En medio de la controversia, Pimentel emitió un comunicado este viernes, en el que manifestó su compromiso de actuar con responsabilidad. Aseguró que se abstendrá de tomar “toda decisión que involucre o pudiera generar un conflicto de interés”, optando por la inhibición o delegación cuando sea necesario. No obstante, muchos se preguntan si estas medidas serán suficientes para restaurar la confianza en un sistema que ya enfrenta serios cuestionamientos sobre su transparencia y efectividad.
La situación creada con la designación de Pimentel plantea un desafío importante al gobierno de Abinader, que debe equilibrar la necesidad de fortalecer las instituciones con la imperiosa necesidad de mantener la confianza pública en un momento donde la transparencia y la rendición de cuentas son más críticas que nunca. Esa dualidad en vez de traer tranquilidad abre el debate, sobre conflictos de intereses para lo cual los ojos de la opinión pública estarán atentos a cómo se desarrollen los acontecimientos en torno a esta polémica designación.
