Umbral

La brecha salarial en las pensiones de altos funcionarios en República Dominicana es una obscenidad y un privilegio inaceptable

Julio Guamán

Por Julio Guzmán Acosta

 

En un país donde el salario promedio mensual apenas alcanza los 25,000 pesos, las cifras de pensiones que reciben algunos exmagistrados y altos funcionarios del Estado dominicano parecen desafiar cualquier noción de justicia social. El exmagistrado Milton Ray Guevara, por ejemplo, disfruta de una pensión de 733,000 pesos al mes, una cantidad que contrasta de manera alarmante con los 20,000 pesos que, en promedio, perciben los empleados de la Junta Central Electoral (JCE). Esta disparidad no solo se limita a Guevara; otros altos funcionarios también se benefician de pensiones similares, lo que plantea serias preguntas sobre la equidad en la distribución de recursos públicos.

Roberto Rosario, ex presidente de la JCE, recibe 318,750 pesos mensuales, mientras que Eddy Olivares y José Ángel Aquino, también exjueces de la institución, tienen pensiones de 252,000 pesos cada uno. Estas cifras son, sin duda, obscenas en un país donde la mayoría de los ciudadanos luchan por llegar a fin de mes. En la Republica Dominicana, donde la pobreza y la desigualdad son temas recurrentes, el hecho de que unos pocos disfruten de pensiones que superan en más de 30 veces el salario promedio de los trabajadores es un despropósito que clama por atención y que no se puede seguir permitiendo.

La situación se vuelve aún más crítica si se considera que estos altos funcionarios, en su mayoría, acceden a estas pensiones tras haber ocupado cargos de gran responsabilidad y devengaban salarios iguales o superiores a las referidas pensiones en instituciones como el Banco Central, la Cámara de Cuentas, Tribunal Superior Electora y la JCE. La percepción de que estas pensiones son un privilegio exclusivo de unos pocos, mientras que el resto de la población enfrenta dificultades económicas, genera un profundo descontento social.

El gobierno de Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno (PRM) en vez de querer imponer nuevos impuestos, que pagaran los más desfavorecidos, debían procurar eliminar esos privilegios, con lo cual ahorrarían al Estado miles de millones de pesos. Si realmente desean actuar con justicia y responsabilidad, deben abordar esta situación con urgencia. La reducción o eliminación de estas pensiones desproporcionadas no solo sería un acto de justicia social, sino también un paso esencial hacia la recuperación de la confianza del pueblo en sus instituciones.

La propuesta de reforma debería incluir un análisis exhaustivo de las pensiones de altos funcionarios y la creación de un sistema más equitativo que garantice que los recursos del Estado se distribuyan de manera justa. En un momento donde la población demanda cambios reales, es imperativo que el gobierno tome medidas ejemplarizadoras para cerrar esta brecha salarial y demostrar que la justicia y la equidad son valores fundamentales en la administración pública.

La indignación que genera este tema es para que la sociedad dominicana ejerza presión social para que se eliminen esos privilegios. Los ciudadanos debemos exigir que se tomen decisiones que reflejen sus necesidades y realidades, y que no se permita que el privilegio de unos pocos continúe a expensas del bienestar colectivo. Es hora de que el gobierno escuche estas demandas y actúe en consecuencia, porque en la lucha por la justicia social, cada peso cuenta.

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No están afiliados a la seguridad social, a pesar de que la Ley 87-01 les creó el Contributivo Subsidiado, un régimen adaptado a sus características laborales y sociales. En términos oficiales, estos informales fueron afiliados masivamente al Régimen Subsidiado del SENASA para facilitar su acceso a los servicios médicos durante la pandemia. No obstante, la opinión generalizada es que muchos no han utilizado dichos servicios porque no saben que están afiliados y porque no los consideran de calidad insuficiente. 7 de cada 10 tienen capacidad contributiva. No califican como subsidiados y tampoco como contributivo por la ausencia de un empleador Lo cierto es que, superada esta emergencia, la gran mayoría no encaja ni se siente cómoda en su estatus de población “subsidiada”. Ello así, porque según la citada encuesta, alrededor del 70% de esos trabajadores independientes tiene capacidad contributiva por lo que no califica como subsidiado de acuerdo a la Ley. Pero tampoco corresponden al Contributivo, porque carece de un empleador y de una relación salarial. La decisión de afiliación masiva al régimen subsidiado fue adoptada también por otros países de América Latina, aprovechando la coyuntura de la Pandemia, a veces con intenciones más políticas que sociales. En varios países se afilia automáticamente a todos los trabajadores no inscritos en el Seguro Contributivo de Salud, con resultados poco alentadores en términos de garantía de derechos. Precisamente en este momento me encuentro en Perú apoyando a los trabajadores en la presentación de una propuesta a las autoridades para afiliar a los independientes a la seguridad social, a partir de la experiencia grupal de AMUSSOL. Las estadísticas oficiales sitúan la informalidad en el 74.8% de la población económicamente activa (PEA), una de las más altas de la región. Las autoridades peruanas han hecho esfuerzos en esta dirección. Kirsis Jáquez, presidenta ejecutiva de ADAFP señaló que el país tiene la necesidad de adaptar la seguridad social para abordar una informalidad del 56% de la fuerza laboral, mediante soluciones innovadoras como las micro pensiones y mecanismos de ahorro flexibles, que permitan a los trabajadores informales participar en el sistema de manera más efectiva. La desidia oficial en las últimas dos décadas ha impedido la puesta en marcha el régimen Contributivo Subsidiado a favor de la fuerza laboral mayoritaria del país. La propuesta de ADAFP debe considerarse porque se ajusta a la Ley y porque mientras más se dilate una solución adecuada más incierta es la situación actual y el futuro de esos trabajadores. Precisamente, desde hace dos décadas, la Fundación Seguridad Social Para Todos (FSSPT) viene insistiendo en la necesidad de iniciar el régimen Contributivo Subsidiado para los trabajadores autónomos, tanto para salud como para pensiones, como lo dispone la Ley 87-01 que creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS). Es necesario que las autoridades tomen conciencia de que el mantenimiento de estos trabajadores autónomos como subsidiados, a pesar de la gran mayoría tener capacidad contributiva, lejos de beneficiarlos, los perjudica porque les impide aportar y ahorrar para su retiro. Ello así, porque sería un contrasentido mayúsculo ser un contributivo para pensiones y al mismo tiempo, un subsidiado para salud.   Lee también:La soledad en el poderCada sistema social forma a su gente¿Por qué hay que evitar que Donald Trump regrese a la Casa Blanca?El MAP se extralimitóMigración y mano de obraLa voz del mundo¿Despenalizar la mala praxis médica?Un momento de convulsa incertidumbre

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