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La noche del miércoles pasado, un silencio tenso se apoderó de la Torre Juan Antonio XVI, en el exclusivo sector de Piantini, Distrito Nacional. Hugo Beras, exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), fue arrestado en su vivienda durante un allanamiento que se extendió por más de dos horas, marcando un momento crucial en la creciente ola de investigaciones sobre corrupción en la administración pública.
Los primeros indicios de la actividad policial comenzaron a vislumbrarse a las 8:00 p.m., cuando agentes del Ministerio Público se agruparon en la entrada del edificio, listos para llevar a cabo una operación que prometía desvelar la alargada sombra de irregularidades en la gestión de Beras. La tensión aumentó a medida que trascendía la información: un exfuncionario en la mira, vinculado a un contrato anulado por la Dirección General de Contrataciones Públicas, que comprometía la modernización de la red semafórica de Santo Domingo con la empresa Transcore Latam.
Los vecinos, intrigados por la inusual actividad policial, intercambiaban miradas y susurros. La preocupación era palpable, pues el caso de Beras había captado la atención pública, convirtiéndose en un nuevo escándalo de corrupción en el gobierno de Luis Abinader y el PRM. Pero las complicaciones comenzaron cuando los agentes optaron por retirar a Beras del edificio por la zona del sótano de parqueos, en un intento por evitar la prensa. Este movimiento provocó preguntas y especulaciones sobre la gravedad de las acusaciones y el temor a las repercusiones mediáticas.
Laura Acosta, abogada de Beras, salió minutos después, cargando no solo la frustración de su cliente, sino también la indignación por lo que describió como una serie de irregularidades en el procedimiento. Comenzó a hablar con los medios de comunicación y no se contuvo al calificar la actuación del Ministerio Público como una violación de la ley. “Nunca me permitieron ingresar a la vivienda durante el allanamiento”, lamentó, mientras trataba de contener su exasperación. Acosta indicó que, a pesar de que logró infiltrarse, el despliegue policial limitó su capacidad de defensa y vigilancia.
En ese breve encuentro con la prensa, la abogada expuso que no le mostraron la orden de allanamiento ni la de arresto que, según Beras, había visto pero no firmado. Esta falta de transparencia alimentó la sensación de irregularidad que rodea el caso, avivando la indignación en un país que ha exigido desde hace tiempo un sistema de justicia más abierto y responsable.
La razón detrás del allanamiento se asocia directamente con el polémico contrato firmado durante su gestión al frente del Intrant. Se trataba de un acuerdo para la modernización de los semáforos en Santo Domingo, un proyecto que, en su momento, prometía modernizar y facilitar la movilidad en la ciudad. Sin embargo, la anulación del contrato por presuntas irregularidades por parte de la Dirección General de Contrataciones Públicas ha dejado una estela de dudas sobre la integridad de la administración de Beras.
Mientras tanto, los efectos de su arresto se divulgaban más allá de las paredes del edificio donde se efectuó el allanamiento y arresto de Hugo Beras. En las redes sociales, los ciudadanos expresaban su indignación por este supuesto nuevo acto de corrupción y su desconfianza en el final de este otro escándalo, marcando el debate del día sobre la ética en el servicio público. Beras, un nombre que durante su mandato estuvo rodeado de promesas de cambio, ahora se enfrenta a una batalla legal que no solo pondrá a prueba su inocencia, sino que también será un barómetro sobre la efectividad del sistema judicial dominicano en la lucha contra la corrupción.
Cada minuto que discurre, el desenlace de esta historia se teje entre la esperanza de justicia y la desconexión de una ciudadanía que aún espera respuestas. Hugo Beras ha quedado atrapado en el laberinto de un sistema que, hasta el momento, ha mostrado ser menos accesible de lo que muchos desearían. Con su arresto, la administración pública se ve enfrentada a un nuevo reproche: la urgencia de una ética renovada, en un país que apela a la transparencia y a la rendición de cuentas.
