“El gobierno del PRM lo ha negado, pero es una práctica que continúa hasta nuestros días”, afirmó el exmandatario, cuestionando la coherencia del gobierno en su manejo del tema migratorio.
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En medio de un tenso panorama político y social, el expresidente de la República Dominicana, Leonel Fernández, ha desnudado una preocupación que resuena con fuerza en la opinión pública: el otorgamiento masivo de visas de turista a ciudadanos haitianos, en un contexto donde los consulados dominicanos en Haití están, supuestamente, cerrados. En sus declaraciones, Fernández destacó que durante el año 2024 se han concedido más de 400 mil visas, y solo en septiembre se emitieron más de 39 mil. Desde su perspectiva, el gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) está actuando de manera contradictoria al criticar la crisis en Haití mientras permite una migración indiscriminada.
Fernández cargó contra la postura del presidente Luis Abinader, a quien acusó de mantener una “ambigüedad” que fatalmente afecta la soberanía nacional. Según el líder opositor, mientras el mandatario enfatiza la violencia y los problemas en Haití en foros internacionales, a nivel local se está favoreciendo una entrada masiva de haitianos bajo la figura de turistas, lo que, en su opinión, pone en tela de juicio el compromiso genuino del gobierno con la protección del orden jurídico en el país.
El expresidente no se limitó a la cuestión de las visas, sino que también aprovechó la ocasión para revisar el undécimo aniversario de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, que redefine las pautas para la adquisición de la nacionalidad dominicana. Fernández refutó las críticas que sugieren una política de segregación racial, argumentando que la sentencia se fundamenta en el principio del ius sanguinis, donde la nacionalidad se deriva de los padres dominicanos y no simplemente del lugar de nacimiento.
Destacó la Ley 169-14, un marco legal que permitió regularizar a miles de personas de ascendencia haitiana, subrayando que la nacionalidad dominicana es resultado de un proceso legal y no un derecho automático. En sus reflexiones, recordó el caso emblemático de Juliana Deguis Pierre, que emergió de la negativa de la solicitud de cédula, un evento que desató la controversia sobre la nacionalidad en el país.
Fernández expresó su inquietud ante una gestión migratoria que, a su parecer, refleja un descontrol que podría impactar de manera negativa en la seguridad y soberanía nacional. En un contexto donde la reforma constitucional del 2010, promulgada por él mismo, estableció con claridad quiénes son dominicanos, queda en el aire la pregunta sobre la dirección en que se encamina la política migratoria dominicana bajo el gobierno actual.
A medida que el debate sobre la soberanía y las políticas de inmigración continúa, la voz de Fernández se erige como un recordatorio de las complejidades y contradicciones que marcan el manejo del fenómeno migratorio, un desafío que requiere no solo atención, sino también un enfoque claro y coherente que garantice los derechos y la seguridad de todos los involucrados.
